Malos consejos... comunales (Tal Cual)

Malos consejos... comunales

Carlos Vecchio y Elías Santana advirtieron que la nueva normativade consejos comunales los desvirtúa y empuja al autoritarismo

"Cuando redactaron la Ley del Consejo Federal de Gobierno, lo hicieron pensando en la reforma del documento que rige a los Consejos Comunales, y viceversa. Todo forma parte de un engranaje", explicó el coordinador del Observatorio Parlamentario, Carlos Vecchio, para quien esos instrumentos legales están destinados a eliminar las atribuciones de las gobernaciones y alcaldías.

La tendencia está orientada a imponer una visión autoritaria y transferirle más poder al jefe de Estado.

Aunque la normativa de Consejo Federal de Gobierno es polémica por aminorar las competencias de gobernadores y alcaldes, el escenario se muestra aún más alarmante al revisar la legislación de Consejos Comunales.

Así lo observa Vecchio, quien advirtió que estos instrumentos forman parte de un plan para ejercer control directo sobre las comunidades.

La autonomía de los consejos comunales depende del criterio del ministerio de Comunas y Protección Social o del propio Hugo Chávez, de acuerdo a la sancionada reforma de la legislación.

"Eso está en la Ley, que erradica de un zarpazo las instancias mediadoras y empuja a la centralización", agregó ayer Elías Santana, miembro de la ONG Escuela de Ciudadanos, en el taller "Educación para hacer de Venezuela una República Comunitaria".

En la reforma se prescindió de la participación del Fondo Intergubernamental para la Descentralización, Fides, y de la Ley de Asignaciones Económicas.

Los municipios y estados dejaron de financiar a los consejos comunales, como se establecía en la antigua normativa. Ahora, únicamente están bajo la potestad del Gobierno y donantes.

Vecchio coincide con Santana en que las reformas podrían derivar en menos de tres años en un "cementerio de consejos comunales" al restarle competencia a las comunidades.

Los consejos comunales deberán prestarle también apoyo a las milicias bolivarianas, según la reforma del instrumento legal. El documento establece, en el numeral 8º del artículo 25, la obligación de colaborar con el cuerpo especial de la Fuerza Armada Nacional.

"Las milicias dependen directamente del Presidente, quien le da un manejo ideológico. Lo que se busca es crear sapos, infiltrados, en las comunidades para controlar a las comunidades. Puede ser una manera de militarizar", indicó Vecchio.

Antes de aprobarse el pasado 24 de noviembre en la Asamblea Nacional, los diputados opositores advirtieron que los consejos comunales se convirtieran en una replica de los Comités de Defensa de la Revolución de Cuba.

Chávez afirma que la Constitución vigente es un texto de "transición"

Chávez afirma que la Constitución vigente es un texto de "transición"

Por Agencia EFE – hace 3 días

Caracas, 16 ene (EFE).- El presidente venezolano, Hugo Chávez, afirmó hoy que la vigente Constitución Bolivariana de 1999 es de "transición", al defender el proceso de cambios para instaurar el socialismo que dirige desee hace una década.

"Esta es una Constitución de transición", que ya tuvo "su primera enmienda, aprobada" en referendo el pasado 15 de febrero, declaró el mandatario en el acto de graduación como abogados de alumnos de la estatal Universidad Bolivariana.

Los venezolanos aprobaron en las urnas en febrero pasado una enmienda constitucional que permitirá a los funcionarios de elección popular presentarse a la reelección del cargo de forma ilimitada.

Esa enmienda abrió el camino a Chávez para que pueda optar a un tercer mandato presidencia consecutivo en los comicios de 2012, para los que ya se ha declarado "precandidato" e incluso ha expresado su confianza en una nueva victoria.

El jefe del Estado sufrió su primera derrota electoral en diciembre de 2007, cuando la población rechazó en las urnas una amplia reforma a la Constitución, de 69 de sus 350 artículos, que había presentado como mecanismo para acelerar la instauración en Venezuela del llamado socialismo del siglo XXI.

Un año después de esa derrota, Chávez anunció que volverá a presentar la amplia reforma constitucional rechazada "después del 2012", cuando, dijo espera ser reelegido para el período presidencial 2013-2019.

Por su parte, la oposición denuncia reiteradamente que el Gobierno de Chávez y sus aliados de la Asamblea Nacional (AN), dominada por el oficialismo, supuestamente aplican de hecho los principios establecidos en la reforma constitucional rechazada a través de una serie de leyes aprobadas en los últimos meses.

Una de esas normas, aprobada en diciembre pasado, es la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, que "plantean un centralismo asfixiante" y prepara el terreno "para la destrucción de estados y municipios", según denunció entonces el dirigente opositor Carlos Vecchio.

A mediados de diciembre pasado, la AN, también aprobó, en primera de dos lecturas, la Ley Orgánica de Participación y Poder Popular, y la Ley Orgánica de Planificación Pública, las cuales serían la antesala para "modificar la ordenación territorial del país", según el ex constituyente y ex oficialista Hermán Escarrá.

Esas normas "colocan la propiedad social y colectiva del Estado y el gobierno comunal como pasos inmediatos para modificar la ordenación territorial del país, sustituir el régimen municipal y desmontar las gobernaciones y alcaldías", lo que está fuera del ordenamiento constitucional vigente, dijo Escarrá.

El parlamento chavista incumplió más del 50% de su agenda en 2009

El parlamento chavista incumplió más del 50% de su agenda en 2009

El balance de desempeño del cuerpo legislativo venezolano, integrado en su mayoría por chavistas, es negativo, asegura un informe, que señaló que en total los diputados sancionaron 49 leyes, 22 de las cuales estaban relacionadas con la obtención del control político, 19 con la del poder económico y apenas 4 con lo social.

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Redacción Mundo - 06-01-10

Hugo Chávez

Conceder más poder al presidente de la República en lugar de solucionar los problemas que aquejan a la población venezolana fue la principal labor de la Asamblea Nacional durante el período de sesiones de 2009, según refleja el quinto informe del Observatorio Parlamentario, que ayer presentó el Movimiento Voluntad Popular.

El balance de desempeño del cuerpo legislativo es negativo, aseguró Carlos Vecchio, vocero de la organización, quien señaló que en total los diputados sancionaron 49 leyes, 22 de las cuales estaban relacionadas con la obtención del control político, 19 con la del poder económico y apenas 4 con lo social. El vocero aclaró que el estudio se hizo analizando los documentos oficiales de la propia Asamblea, indica el diario venezolano El Universal.

En este sentido, el abogado subrayó que diecisiete de los instrumentos que entraron en vigor durante el año pasado restringen directa o indirectamente las competencias de los alcaldes y gobernadores electos. "Esto demuestra la intención de destruir a estados y municipios y montar un paraestado que desbarate a la República para así tener una conexión directa entre Presidente (monarca) y ciudadanos (súbditos)", señaló, según consigna el diario.

Otra acción que afectó directamente a las regiones -indicó Vecchio- fue la gran cantidad de créditos adicionales otorgados por la AN a diferentes organismos públicos, que representaron 21% del total del presupuesto aprobado para 2009. "Más de 20% del proyecto nacional de gastos e ingresos del año se manejó de manera discrecional, lo que afectó el ingreso (situado constitucional) de los estados y municipios", dijo.

El abogado hizo hincapié en que el Parlamento ignoró las principales preocupaciones de los venezolanos: la criminalidad, la deficiencia en la prestación de los servicios públicos de agua, luz y recolección de basura y el alto costo de la vida. "La Asamblea no ha hecho nada para combatir estos problemas. En materia de inseguridad tan sólo aprobó la Ley contra el Secuestro, y las únicas armas que prohibió fueron 'los juguetes bélicos'. No ha interpelado a nadie por la crisis de luz y agua. Y en materia de corrupción, ni siquiera nombró una comisión para que la investigara", expresó.

"El Legislativo demostró que sí está trabajando"

Diputados pesuvistas rechazaron cuestionamientos de Carlos Vecchio

Los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) rechazaron las críticas hechas por el abogado Carlos Vecchio del Observatorio Parlamentario al desempeño de la Asamblea Nacional y señalaron que el hecho de que en 2009 se aprobaron 50 leyes demuestra que el Poder Legislativo "sí está trabajando".

El nuevo primer vicepresidente de la AN, Darío Vivas, explicó que la incorporación a la agenda de leyes que no estaban en los planes iniciales da cuenta de la eficiencia con que trabajaron los legisladores.

"Nosotros cumplimos la agenda pautada y además aprobamos nuevas leyes para resolver coyunturas políticas y económicas como la ocurrida con los bancos e hicimos una reforma allí. Acompañamos al pueblo en sus necesidades y resolvemos sus problemas concretos. Además acompañamos al Gobierno para que pueda ser más diligente en la ejecución", se defendió Vivas ante los cuestionamientos hechos por Vecchio.

Entre otras cosas Vecchio había señalado que la AN ignoró las principales preocupaciones de los venezolanos, como la criminalidad, pues de 49 instrumento sancionados 21 no estaban en la agenda prevista al inicio del período legislativo y que la AN obedecía a los intereses del mandatario de la Rep´ublica, Hugo Chávez.

El presidente de la Comisión de Ambiente, Earle Herrera, dijo que las leyes que se sancionaron en el anterior período fueron sometidas a consulta pública por lo que contaron con el visto bueno "del pueblo". Agregó que no había problema con que el Legislativo aprobara iniciativas del Ejecutivo: "Nosotros trabajamos en conjunto con los distintos poderes y el Ejecutivo puede tomar la iniciativa así como el poder popular. Ese Observatorio como que observa todo menos el Parlamento".

El diputado Alfredo Murga, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, indicó que la AN "puede conformar su agenda según lo desee" y afirmó que "no hubo agenda oculta en la aprobación de las normas porque las sesiones fueron transmitidas por ANTV"

Balance AN

“El 50 por ciento de las leyes aprobadas el pasado año por la Asamblea Nacional fueron discutidas de forma clandestina, esto deja claro que la agenda es asignada por el Poder Ejecutivo”, denunció Carlos Vecchio, dirigente de Voluntad Popular.

Vecchio agregó que, de las 60 leyes que conformaban la agenda legislativa de 2009, más de la mitad (53%) fueron dejadas por fuera.

Luego de realizar un balance del desempeño de la Asamblea Nacional durante 2009, dentro del marco del V Informe del Observatorio Parlamentario, Vecchio manifestó que, de las 49 leyes que fueron aprobadas en el Palacio Legislativo, 21 de ellas, es decir, 43%, no estaban en agenda. Además, el 35% de los instrumentos legales aprobados afecta directa o indirectamente la descentralización.

En cuanto al contenido de los instrumentos legales aprobados en 2009, el abogado mencionó que cerca de 21 a 22 es político. “Lo que se ha buscado el pasado año con las leyes es el control político y económico de una sociedad y es reflejado en el balance”.

En rueda de prensa, Carlos Vecchio aseguró que el pasado año la Asamblea Nacional aprobó leyes para darle más poder al presidente Hugo Chávez, en lugar de solucionar los problemas de los venezolanos, entre ellos -dijo- la inseguridad, la falta de agua y luz y el alto costo de la vida.

Sobre el presupuesto asignado al Parlamento en 2009, Vecchio indicó que con ese monto (850 millones de bolívares fuertes) al ser dividido entre el número de leyes aprobadas (49) se obtiene que al país le costó 8 millones de dólares cada normativa legal.

“Los créditos adicionales aprobados por la AN representarían 21% del presupuesto en 2009. Se está usando el dinero de manera discrecional, afectando los ingresos de los estados y municipios”, explicó el representante de Voluntad Popular.

Según Vecchio, la situación vivida en 2009 se va a repetir este año, “por el diferencial cambiario que existe con respecto al precio del dólar”.

Rechazó que la diputada Cilia Flores y José Albornoz repitan en la presidencia y segunda vicepresidencia, respectivamente, de la Asamblea Nacional. “Se estaría repitiendo la misma situación, sin la independencia de poderes y defendiendo al Presidente de la República en vez de al pueblo”.

El dirigente de Voluntad Popular mencionó que los diputados que menos asistieron a las sesiones fueron Francisco Ameliach (Carabobo), quien sólo acudió un día en 2009; José Albornoz (Guárico), Alfredo Zarca Lara Barrios (Portuguesa), José Escalona (Lara) y Daniel Hernández (Anzoátegui).

Nueva reforma a Ley de Bancos en agenda legislativa de 2010

En agenda para el nuevo período legislativo ordinario que comenzó ayer con la elección y juramentación de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional se encuentran leyes como la de Salud, Trabajo, Educación Superior, Ordenación del Territorio y Contraloría Social, mientras que otras como la Ley de Bancos podrían reformarse.

Esta semana está previsto que la Comisión Coordinadora se reúna para definir la agenda legislativa, a lo que el diputado Rafik Souki, integrante de la Comisión de Finanzas del Parlamento comentó que será necesario abordar la reforma estructural de la Ley de Bancos, pues sigue manteniendo los principios fundamentales de la cuarta República.

“Se debe hacer una nueva ley adaptada a la realidad del país y en eso se ha venido trabajando en la Subcomisión de Política Financiera Banca y Seguros”, expresó.

La Asamblea Nacional también pondrá acento en aquellas leyes que sirvan para combatir la corrupción y la impunidad, según lo dio a conocer la parlamentaria Iris Varela, vicepresidenta de la Comisión de Política Interior. Entre las propuestas pendientes está el Código Penal y el proyecto de Ley Orgánica de Contraloría Social que pretende presentar ante la Plenaria.

A juicio de Varela, el período legislativo 2005-2010 estuvo marcado por la profundización en las leyes que eran necesarias y vaticinó que antes del primer trimestre será sancionada la Ley Orgánica del Trabajo.

La Ley Orgánica para el Ejercicio de la Contraloría Social tendrá como función, según adelantó Varela, que el pueblo cuente con mecanismos para ejercer ese poder y que las promesas no queden en deseos y discursos, “será un instrumento para controlar la administración pública a todo nivel y optimizar el ejercicio de la acción de Gobierno”.

Por su parte, el parlamentario Félix Leonet Canales, miembro de la Comisión de Política Interior, señaló que el 2010 estará marcado por la conclusión de todas las leyes que fortalezcan al poder popular, al respecto dijo que la Comisión de Participación Ciudadana jugará un papel muy importante en la creación de los nuevos textos. (LC)

Observatorio Parlamentario: leyes aprobadas por AN en 2009 buscan el control político y económico

Observatorio Parlamentario: leyes aprobadas por AN en 2009 buscan el control político y económico

Carlos Vecchio, miembro del observatorio parlamentario, ofreció declaraciones acerca del nombramiento de la nueva directiva de la Asamblea Nacional, y expuso un balance de las leyes aprobadas por la misma, de acuerdo con el cual, las leyes sancionadas en 2009 son de contenido altamente político y económico.

Acerca del balance explicó que los datos corresponden a documentos oficiales emitidos por la Asamblea Nacional y que están a la disposición de los medios. Resaltó el aspecto legislativo del balance, señalando que de las 60 leyes que se anunciaron para ser aprobadas, el 53% no fueron aprobadas, lo que corresponde a más de la mitad.

Las 49 leyes que fueron aprobadas el año pasado, “casi la mitad fueron clandestinas y eso lo denunciamos a principio del año, es decir que la agenda se la viene asignando otro, y es el poder ejecutivo”. Casi la mitad de la mitad de las leyes aprobadas por la asamblea, no están en la agenda, según apuntó Vecchio.

Cuando se refirió al contenido de las leyes, expuso que de las 49 leyes aprobadas, el 35% afectan directa o indirectamente la descentralización, es decir su contenido repercute en los gobernadores y alcaldes “lo cual a la larga termina afectando a la gente porque es quitarle el poder más cercano a la gente para la solución de sus problemas. Esto es regreso al centralismo”.

Culminó refiriéndose a la distribución por contenido que se hizo de las leyes aprobadas, esta clasificación arroja que cerca de 22 leyes de las 49 aprobadas, tiene contenido político y económico “siendo muy pequeño el número de las que tienen impacto social o neutro. Quiere decir que con esto lo que se ha buscado en el año 2009 con las leyes es el control político y el control económico en una sociedad y es reflejado claramente en el balance del año 2009”.

Afirman que en 2009 la AN no combatió problemas de los venezolanos

Caracas.- Carlos Vecchio, vocero del Movimiento Voluntad Popular, afirmó hoy que durante el año 2009 la Asamblea Nacional (AN) no hizo nada para combatir los principales problemas de los venezolanos, y por el contrario, aprobó leyes que lo que hacen es otorgarle más poder al presidente de la República.

En un balance sobre la gestión parlamentaria durante el año que recién finalizó en el marco del quinto informe Observatorio Parlamentario, el Movimiento Voluntad Popular criticó que la AN no contribuyó para solucionar problemas tales como la inseguridad, fallas de agua y luz, y el alto costo de la vida, reseñó una nota de prensa.

Vecchio mencionó que en materia de inseguridad sólo se aprobó la Ley contra el Secuestro, "y las únicas armas que prohibió fueron los juguetes bélicos". Asimismo, resaltó que no se ha interpelado a nadie por la crisis de electricidad y agua.

En lo referente a la corrupción, Vecchio sostuvo que no se designó una comisión para investigar la caída de los bancos.

"Tenemos una Asamblea que en lugar de controlar al Presidente y a la administración, la misma es controlada por el Ejecutivo. Por ello, es inmoral que la diputada Cilia Flores pretenda repetir como presidenta de la AN", agregó el abogado.

El balance presentado por el Observatorio Parlamentario muestra que casi la mitad de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional en el 2009 no estaban inicialmente incluidas en la agenda legislativa.

Vecchio recordó que desde hace meses se ha denunciado la existencia de una "agenda clandestina" en la AN y que esta institución se ha convertido en "el muchachito de mandado del Presidente".

El informe presentado por el abogado también expone que de las 60 leyes agendadas por la AN para el 2009, más de la mitad (53%) se quedaron por fuera en el balance final de leyes aprobadas.

Sobre el presupuesto de la AN Vecchio indicó que éste sobrepasó en el 2009 los 850.000 de bolívares fuertes. Expresó que "tomando en cuenta el presupuesto asignado a la AN, y dividiendo dicho monto entre el número de leyes aprobadas, tenemos que cada ley le costó al país 8 millones de dólares".

Enfatizó que más del 20% del presupuesto se manejó de manera discrecional, "afectando los ingresos (situado constitucional) de los Estados y Municipios".

Contra Alcaldías y Gobernaciones

Asimismo los estudios del Observatorio Parlamentario indican que el 35 % de las leyes aprobadas (17) por la AN en el 2009 afectan directa o indirectamente a los gobernadores y alcaldes.

"Esto demuestra la intención de 'desbaratar' a Estados y Municipios y montar un 'para Estado' que 'desbarate' en realidad a la República para así tener una conexión directa entre Presidente (monarca) y ciudadanos (súbditos)", expresó Vecchio.

Finalmente se indicó que entre los 5 diputados que menos asisten a la Asamblea Nacional se encuentran: Francisco Ameliach, del estado Carabobo, quien sólo asistió a una sesión en el 2009; José Albornoz, de Guárico; Alfredo Zarca Lara Barrios, de Portuguesa; José Escalona, de Lara; y Daniel Hernández, Estado Anzoátegui.

Carlos Vecchio: Asamblea Nacional legisló de espaldas al pueblo

	El abogado aseguró que "más del 20% del presupuesto que manejó el ente fue de manera discrecional, afectando los ingresos de los estados y municipios"
	05 de enero 2010 | 04:03 pm - El Nacional.com
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	Carlos Vecchio | El Nacional El Observatorio parlamentario presentó hoy un balance de la gestión de la Asamblea Nacional del pasado año, donde el abogado Carlos Vecchio, vocero del Movimiento Voluntad Popular, calificó al ente legislador como un órgano que labora en paralelo a los problemas de la sociedad venezolana, que está supeditado a las órdenes del primer mandatario nacional, Hugo Chávez Frías. "En el 2009 la Asamblea aprobó leyes para darle más poder al presidente en lugar de solucionar los problemas del pueblo. La Asamblea no ha hecho nada para combatir los principales problemas de los venezolanos, entre ellos, la inseguridad, el problema de agua y de luz, y el alto costo de la vida. En materia de inseguridad tan sólo aprobó la Ley contra el secuestro, y las únicas armas que prohibió fueron "los juguetes bélicos". No ha interpelado a nadie por la crisis de luz y agua. Y en materia de corrupción, ni siquiera nombró una comisión para investigar la corrupción financiera" dijo. Además aseveró que casi la mitad de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional en el 2009 no estaban inicialmente agendadas para ser discutidas por el ente. "Se aprobaron 49 leyes, de las cuales 21 leyes (43%) no estaban en agenda. Agenda paralela Vecchio recordó que desde hace meses se ha denunciado la existencia de una "agenda clandestina" en la AN y que esta institución se ha convertido en "el muchachito de mandado del Presidente". Entre los datos que ofreció, también expuso que de las 60 leyes agendadas por la AN para el 2009, más de la mitad (53%) se quedaron por fuera en el balance final de leyes aprobadas. Sobre el presupuesto del organo parlamentario, Vecchio indicó que este sobrepasó en el 2009 los 850 millones de bolívares fuertes. Igualmente expresó que "tomando en cuenta el presupuesto asignado a la AN, y dividiendo dicho monto entre el número de leyes aprobadas, tenemos que cada ley le costó al país 8 millones de dólares". Resaltando que los créditos adicionales aprobados por la AN representarían 21 % del presupuesto aprobado en 2009. Sobre este punto el abogado hizo énfasis en que "más del 20% del presupuesto se manejó de manera discrecional, afectando los ingresos (situado constitucional) de los Estados y Municipios" . Por otro lado, Vecchio informó que "en el 2009, de la leyes aprobadas, la mayoría tiene un contenido político y apuntan a ejercer control sobre la sociedad dándole más poder al presidente" Asimismo los estudios del Observatorio Parlamentario indican que el 35 % de las leyes aprobadas (17) por la AN en el 2009 afectan directa o indirectamente a los gobernadores y alcaldes. "Esto demuestra la intención de "desbaratar" a Estados y Municipios y montar un Para Estado que "desbarate" en realidad a la República para así tener una conexión directa entre Presidente (monarca) y ciudadanos (súbditos)", expresó Vecchio.

Balance del desempeño de la AN en el 2009

Balance del desempeño de la AN en el 2009

El abogado Carlos Vecchio, vocero del Movimiento Voluntad Popular, presentó un balance de la gestión de la AN durante el 2009, dentro del marco del 5to informe Observatorio Parlamentario.
En este contexto Vecchio afirmó: “En el 2009 la Asamblea aprobó leyes para darle más poder al presidente en lugar de solucionar los problemas del pueblo. La Asamblea no ha hecho nada para combatir los principales problemas de los venezolanos, entre ellos, la inseguridad, el problema de agua y de luz, y el alto costo de la vida. En materia de inseguridad tan sólo aprobó la Ley contra el secuestro, y las únicas armas que prohibió fueron “los juguetes bélicos”. No ha interpelado a nadie por la crisis de luz y agua. Y en materia de corrupción, ni siquiera nombró una comisión para investigar la corrupción financiera.”
“Tenemos una Asamblea que en lugar de controlar al Presidente y a la administración, la misma es controlada por el Ejecutivo. Por ello, es inmoral que la Diputada Cilia Flores pretenda repetir como presidenta de la AN”, agregó el abogado
El balance presentado por el Observatorio Parlamentario muestra que casi la mitad de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional en el 2009 no estaban inicialmente agendadas para ser discutidas por este ente.
Igualmente se encontró que en el 2009 se aprobaron 49 leyes, de las cuales 21 leyes (43%) no estaban en agenda.
Vecchio recordó que desde hace meses se ha denunciado la existencia de una “agenda clandestina” en la AN y que esta institución se ha convertido en “el muchachito de mandado del Presidente.
El informe presentado por el abogado también expone que de las 60 leyes agendadas por la AN para el 2009, más de la mitad (53%) se quedaron por fuera en el balance final de leyes aprobadas.
Sobre el presupuesto de la AN Vecchio indicó que este sobrepasó en el 2009 los 850 millones de bolívares fuertes. Igualmente expresó que “tomando en cuenta el presupuesto asignado a la AN, y dividiendo dicho monto entre el número de leyes aprobadas, tenemos que cada ley le costó al país 8 millones de dólares”
Igualmente se denotó que los créditos adicionales aprobados por la AN representarían 21 % del presupuesto aprobado en 2009. Sobre este punto el abogado hizo énfasis en que “más del 20% del presupuesto se manejó de manera discrecional, afectando los ingresos (situado constitucional) de los Estados y Municipios” .



Por otro lado, Vecchio informó que “en el 2009, de la leyes aprobadas, la mayoría tiene un contenido político y apuntan a ejercer control sobre la sociedad dándole más poder la presidente”
Asimismo los estudios del Observatorio Parlamentario indican que el 35 % de las leyes aprobadas (17) por la AN en el 2009 afectan directa o indirectamente a los gobernadores y alcaldes.
“Esto demuestra la intención de “desbaratar” a Estados y Municipios y montar un Para Estado que “desbarate” en realidad a la República para así tener una conexión directa entre Presidente (monarca) y ciudadanos (súbditos)”, expresó Vecchio.
Finalmente se indicó que entre los 5 diputados que menos asisten a la Asamblea Nacional se encuentran: Francisco Ameliach, Estado Carabobo, quien sólo asistió a una sesión en el 2009,José Albornoz, Estado Guárico, Alfredo Zarca Lara Barrios, Estado Portuguesa, José Escalona, Estado Lara, y Daniel Hernández, Estado Anzoátegui.

Dictamen de Sala Electoral no es aplicable en casos de inhabilitados por Russián

El amparo admitido por el TSJ fue un ecurso “personalísimo”

Dictamen de Sala Electoral no es aplicable en casos de inhabilitados por Russián

Abogado constitucionalista y profesor Julio Alberto Alvarez, mejor conocido como Tulio Alvarez. (Foto Archivo/ Nubia Reina) Daniella Vera Alam / Danybeth Alvarado Valencia, diciembre 28 (REDACTA).- La sentencia de la Sala Electoral del TSJ que favoreció al profesor universitario Julio Alberto Alvarez, no es aplicable a los casos de los 153 inhabilitados políticos anunciados por la Contraloría la semana pasada. El protagonista del caso explicó que las instancias que ejecutaron la medida y los supuestos delitos investigados son diferentes en los dos escenarios. El constitucionalista y docente universitario Julio Alberto Alvarez, mejor conocido como Tulio Alvarez, aclaró que hace años enfrentó una condenatoria penal por un delito de opinión, “que según la OEA no existe”. En un panorama completamente distinto, las personas en la lista del contralor Clodosbaldo Russián, son investigadas por posibles irregularidades administrativas durante sus gestiones en cargos públicos. Este 25 de noviembre la Sala Electoral declaró con lugar el amparo solicitado por Alvarez, y le ordenó al CNE y a la Comisión Electoral que levantara cualquier inhabilitación política en su contra y le permitiera inscribirse en los registros electorales. Su inhabilitación le había impedido participar como votante en los procesos comiciales de la Universidad Central de Venezuela, donde es docente desde hace 28 años. Antes de la decisión, Alvarez contaba con el respaldo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el 28 de septiembre de 2006 ordenó al Estado venezolano dejar sin efecto las sentencias en su contra. Pero el Estado las conservó parcialmente por varios años, hasta emitir la decisión final a su favor el mes pasado. “No existía inhabilitación por el ejercicio de un cargo público sino por una condena a cumplir la pena de dos años y tres meses de prisión y las accesorias correspondientes por la comisión de delito de opinión; entre las penas accesorias, fui objeto de inhabilitación política a pesar de la orden de la Comisión”. El abogado Carlos Vecchio comparte la perspectiva de que la decisión del caso de la Comisión Electoral de la UCV no es vinculante con los sancionados administrativamente por Russián, porque son situaciones distintas. Pero a pesar de que la decisión no tiene incidencia alguna, para el jurista evidencia las contradicciones que existen entre los magistrados de la Sala Constitucional y la Sala Penal sobre las condiciones que ameritan una inhabilitación política. Las diferencias Aunque el profesor Tulio Alvarez enfatizó su explicación sobre el tema, no indica que esté de acuerdo con la lista revelada la semana pasada; sostiene que el resultado de su caso no puede exigirse en los procesos que enfrentan los demás inhabilitados. “El amparo es personalísimo, no es un recurso que se aplique a todos los casos futuros, sino que afecta al accionante, que en este caso fui yo”, aclaró. Otra de las diferencias fue la instancia que ejecutó cada medida. “El criterio que validó las inhabilitaciones del Contralor, es un criterio de la Sala Constitucional. En cambio mi caso es por la Sala Electoral”, diferenció Alvarez. El experto en materia constitucional señala que aunque no lo establece expresamente, el reciente pronunciamiento de la Sala Electoral “insinúa” que la inhabilitación política aplica en sentencias penales y no por casos administrativos, por lo que no descarta que se puedan emitir nuevas decisiones que amparen casos particulares de inhabilitados. Pero aunque los afectados acudieran a esta opción, las nuevas decisiones serían anuladas si contradicen las iniciales. “En el aspecto práctico o pragmático en este caso, es que si se presentara un conflicto de interpretaciones entre el criterio de la Sala Electoral y la Sala Constitucional, esta última haría predominar su criterio a través de la nulidad de la sentencia”. Quienes aparecen en la lista de Russián podrían intentar amparos ante la Sala Constitucional, pero no hay garantía de que la sentencia los favorezca como al profesor universitario, que en un caso distinto afrontó una condena judicial y contó con la intervención de la OEA en el proceso. Alvarez cree que se deben agotar los recursos internos del país, pero les recomienda acudir a instancias internacionales para no depender de los tribunales venezolanos únicamente. Blyde: Inhabilitación es una pena accesoria “La inhabilitación es una pena accesoria que debe estar acompañada de una pena penal (...) Como pena accesoria no puede ser una pena única”, aseguró este lunes Gerardo Blyde, alcalde del municipio Baruta. Según Blyde, el país debe esperar por una decisión en la materia de la Sala Constitucional. No descartó que se presente un conflicto entre la Sala Constitucional y la Electoral, aunque la decisión final estará en manos de la máxima sala judicial del país.

"Magistrados se contradicen sobre las inhabilitaciones"

Carlos Vecchio afirma que sentencia de Sala Electoral no incide sobre sancionados

Vecchio señaló que por primera vez se menciona el artículo 65 de la Carta Magna (Kisaí Mendoza)

El abogado Carlos Vecchio sale al paso ante posibles confusiones y reitera que la reciente sentencia de la Sala Electoral sobre la comisión electoral de la UCV no tiene ninguna incidencia en aquellos sancionados por el contralor general de la República, aunque sí, aseguró el abogado, revela que existen contradicciones entre los integrantes de la Sala Electoral y la Sala Constitucional del TSJ sobre la interpretación que le dan, por ejemplo, al artículo 65 de la Constitución.

Vecchio explica que en los integrantes de la Sala Electoral estuvieron de acuerdo en señalar en la mencionada sentencia que inhabilita al profesor de la UCV, que debe existir condena penal y ésta debe estar referida al ejercicio del cargo de la función pública; es decir, interpretaron tal artículo como lo han venido haciendo los afectados por las sanciones del contralor Clodosbaldo Russián al momento de reclamar sus derechos.

Por el contrario, la Sala Constitucional ni consideró tal ar- tículo cuando dio respuesta al recurso de nulidad introducido por el sancionado alcalde Leopoldo López, y resolvió que las inhabilitaciones eran constitucionales y que no vulneraban ningún derecho humano.

La norma de la Carta Magna antes citada señala: "No podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito".

El abogado Vecchio manifestó: "A pesar de que la decisión de la Sala Electoral (sobre el profesor de la UCV) no es vinculante por primera vez se menciona en el TSJ el artículo 65 de la Constitución y se reafirman elementos fundamentales para no inhabilitar. El punto sobre las inhabilitaciones políticas sigue igual pero esa sentencia expone una contradicción importante entre las dos salas, la Constitucional y la electoral, a pesar de que son casos distintos".

SDIAZ@ELUNIVERSAL.COM

Sara Carolina Díaz
EL UNIVERSAL

TSJ: “Inhabilitación” de las inhabilitaciones de Russián confunden a la Oposición

- AFECTADOS MUY ATAREADOS, ¿EN QUÉ?

TSJ: “Inhabilitación” de las inhabilitaciones de Russián confunden a la Oposición

► Vinculante,…¿o no?. Por ahora, reacciones encontradas sobre el alcance de dictamen de la Sala Electoral

Publicado el 28/12/09. a las 7:38 am

Fotocrédito: Leopoldo López - "inhabilitado" emblemático

Notitarde:- Dictamen de Sala Electoral favorece a todos los inhabilitados por Russián. Sosa Izaguirre: "Pueden pedir aplicación de la jurisprudencia"

"El Contralor se atribuyó funciones de sentenciador penal"

El especialista en derecho constitucional Gustavo Sosa Izaguirre ratificó que el dictamen de la Sala Electoral del TSJ en contra de las inhabilitaciones, en el caso del profesor de la UCV, favorece a todos los afectados y les recomendó pedir la aplicación de la jurisprudencia.

Explicó que aunque la sentencia del TSJ es específica en un caso, los demás afectados pueden participar en los procesos electorales y tienen que pedir que se accione el principio de que cualquier decisión que favorezca a una persona debe ser retroactiva (para todos aquellos que se encuentren en una situación legalmente similar)

"Los inhabilitados, pueden pedir la aplicación de la jurisprudencia a los fines de que cese el estado de inhabilitación en los que otros se encuentran.

Mucho más favorable sería alegar que se extienda la sanción por contrario imperio y porque la misma sentencia rescata el estado de derecho y la plena vigencia del artículo 65.

Al hacer la solicitud quedaría sin efecto la sentencia, al estar amparados en sus derechos políticos o en la nueva decisión, que es categórica al dirigirse a las inhabilitaciones en un caso especifico".

CaCoVa:- Gustavo Sosa Izaguirre: Russián violó la Constitución. Usurpó funciones

"Esta sentencia indica que el Contralor violó la Carta Magna, lo que se traduce en una usurpación de competencias de un poder a otro, lo que hace responsable al Contralor de conformidad al artículo 25, el cual dice que "todo acto del poder público que no menoscabe los derechos consagrados en la Constitución es nulo y los funcionarios públicos que lo ordenen incurren en responsabilidad civil, penal y administrativa, sin que les sirva de excusa que respondieron a ordenes superiores". Completo en Notitarde Edicion 28.12.09

► Carlos Vecchio: "Magistrados se contradicen sobre las inhabilitaciones"

El abogado Carlos Vecchio reitera que la reciente sentencia de la Sala Electoral sobre la comisión electoral de la UCV no tiene ninguna incidencia en aquellos sancionados por el contralor general de la República, aunque sí, aseguró el abogado, revela que existen contradicciones entre los integrantes de la Sala Electoral y la Sala Constitucional del TSJ sobre la interpretación que le dan, por ejemplo, al artículo 65 de la Constitución.

noticias.com;- Carlos Vecchio

La norma de la Carta Magna antes citada señala: "No podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito".

El abogado Carlos Vecchio manifestó: "A pesar de que la decisión de la Sala Electoral (sobre el profesor de la UCV) no es vinculante (?) por primera vez se menciona en el TSJ el artículo 65 de la Constitución y se reafirman elementos fundamentales para no inhabilitar.

El punto sobre las inhabilitaciones políticas sigue igual pero esa sentencia expone una contradicción importante entre las dos salas, la Constitucional y la electoral, a pesar de que son casos distintos". completo en EUD

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Clodosvaldo Russian – El mismo de El Obispo y de la Isla del Burro y ahora CGR- quedó ¿“inhabilitado para inhabilitar?”,… según la sentencia. Si los por él inhabilitados no lloran, no mamarán.

El TSJ “inhabilitó” las inhabilitaciones de Russián TSJ: la “inhabilitación es solo pena accesoria a condena de cárcel”

Oposición prevé golpe a regiones por vía de Ley del Consejo Federal (El Tiempo de Venezuela)

El abogado Carlos Vecchio denunció el inicio del “desbaratamiento” de gobernaciones y alcaldías como anunció el martes Aristóbulo Istúriz. El instrumento transfiere competencias estadales y municipales a las organizaciones del poder popular y permite crear las Regiones Federales de Desarrollo, establecidas por el Presidente de la República. El diputado Carlos Escarrá aseguró que nueva norma, ajustada a derecho, no excluye a ningún sector


CENTRALISMO. Vecchio señaló que la ley transfiere el poder al Presidente Chávez

CARACAS.- El abogado constitucionalista Carlos Vecchio, coordinador del Observatorio Parlamentario, denunció que con la Ley del Consejo Federal de Gobierno, aprobada el martes en la noche por la Asamblea Nacional (AN), se da un “duro golpe a las regiones”. Vecchio señaló que el texto concede al citado Consejo atribuciones para “la transferencia de competencias y atribuciones de las entidades territoriales hacia las organizaciones de base del poder popular”.

De acuerdo con el abogado, quien forma parte de la plataforma opositora Voluntad Popular, la ley, -que consta de 30 apartados- contraviene el artículo 184 de la Constitución Nacional, según el cual la transferencia de competencias debe darse desde el Poder Nacional hacia los estados y municipios. Desde su punto de vista, se inició el “desbaratamiento” de las regiones anunciado ayer por el dirigente del Partido Socialista Unido (Psuv), Aristóbulo Istúriz. Durante la sesión por el décimo aniversario de la Constitución, Istúriz llamó a los mandatarios regionales a ser “mejores gobernadores y alcaldes” mediante el cambio de estructuras burguesas a estructuras fomentadas en el protagonismo popular. Hace un mes, la AN a solicitud de Carlos Escarrá (Psuv), dio urgencia reglamentaria a la ley que, según el presidente Hugo Chávez debió estar lista para el 15 de noviembre.

Cerco estadal
Según un documento presentado por Vecchio, el traspaso de atribuciones debe originarse en los estados y municipios y no en el poder central, por lo cual el ataque a la Constitución se manifiesta a través de toda la Ley del Consejo Federal de Gobierno.

Otro aspecto cuestionado es la creación de las Regiones Federales de Desarrollo, las cuales serán definidas por el Presidente de la República.

“Según el artículo 185 de la Constitución, el Consejo de gobierno es para profundizar la descentralización pero no para crear regiones distintas a los estados y municipios”, explicó.

El abogado puntualizó que la nueva figura no existe en la Carta Magna. El Consejo Federal de Gobierno estará integrado por el vicepresidente Ejecutivo de la República, los ministros o ministras; los gobernadores o gobernadoras y un alcalde o alcaldesa por cada estado. También participarán en la instancia, los representantes de la sociedad organizada, “de los cuales uno representará a los pueblos y comunidades indígenas”.

El coordinador del Observatorio Parlamentario señaló otras irregularidades, como el hecho de que el Consejo Federal de gobierno no puede reunirse si no es autorizado por el jefe del Estado. El mismo Presidente es quien podrá crear el Fondo de Compensación Interterritorial, que se estableció para ayudar al desarrollo regional y cuyos recursos provendrán del excedente de reservas internacionales.

Decreto en la AN
De su lado, el diputado Juan José Molina (Podemos) condenó que, cuando se sancionó la Ley del Consejo Federal de Gobierno, la presidenta Cilia Flores “dijo que había muerto la descentralización”. Añadió Molina que la acción se suma a la ruptura de la separación de poderes. Consideró que el anuncio de Istúriz se incluye dentro “de la estrategia del gobierno nacional de desmontar toda la institucionalidad”.

Por su parte, Tomás Guanipa, secretario general de Primero Justicia, dijo que con la Ley del Consejo Federal de Gobierno “buscan acentuar el poder en una sola mano, en el Presidente de la República”. Cree que la situación es propicia para “amalgamarnos y defender la descentralización y lograr mayoría en la Asamblea Nacional, durante las elecciones del venidero año”.

Sin embargo, el diputado Carlos Escarrá (Psuv) dijo en el parlamento, que la ley del Consejo Federal de Gobierno “no excluye a nadie” y se ajusta a la Carta Magna. Darío Vivas ha informado que la transferencia de recursos se atenderá según el plan nacional Simón Bolívar y las evaluaciones realizadas en cada región.

Comunas
Según la Ley del Consejo Federal de Gobierno, la sociedad organizada está constituida por Consejos Comunales, Comunas, Mesas Técnicas y cualquier otra organización de base del poder popular. En septiembre de este año, el presidente Chávez llamó a retomar la conformación de la nueva geometría del poder, como parte de la reestructuración del gobierno, e invitó a los mandatarios regionales a integrarse.

Norma establece fondo para obras
En el capítulo sexto de la Ley del Consejo Federal de Gobierno se señalan las normas para el Fondo de Compensación Interterritorial. La nueva instancia regional será un órgano desconcentrado sin personalidad jurídica, el cual se orientará “al financiamiento de inversiones públicas para promover el desarrollo equilibrado de las regiones, la cooperación y complementación de las políticas e iniciativas de desarrollo de las distintas entidades públicas”.

Según el texto, los recursos del referido fondo serán importantes para la ejecución de obras y servicios esenciales “en las regiones y comunidades de menor desarrollo relativo”. El funcionamiento de éste será definido a través de un reglamento dictaminado por el Presidente de la República a través del Consejo de Ministros.

Regiones socioeconómicas
La fijación de los recursos es definida por el Consejo Federal de Gobierno, el cual discutirá anualmente y aprobará los montos a través de la estructura de las regiones socioeconómicas.

Por otra parte, “la administración de los recursos del Fondo de Compensación Interterritorial estará a cargo del Consejo Federal de Gobierno, a través de su Secretaría”.

Se asegura el respeto de los principios de transparencia, simplicidad, productividad, control y rendición de cuentas. Sobre este último elemento, “los estados, los municipios, las Autoridades de las Regiones Federales de Desarrollo, y las organizaciones de base del Poder Popular” reportarán al Consejo de Gobierno.

Machetazo a las regiones (Tal Cual)

Podemos denunció que las leyes de Planificación y del Poder Popular apuntan a la transferencia del poder del Estado en un sentido distinto al que establece la Constitución

El temor a que la descentralización como concepto sea abolido creció ayer en la fracción parlamentaria de Podemos: se topó en el orden del día con las leyes de Planificación y del Poder Popular que, aduce el diputado Juan José Molina, apuntan a la transferencia del poder del Estado en un sentido distinto al que establece la Constitución.

"La aprobación de la Ley del Consejo Federal, el martes, es otro paso de una estrategia bien estructurada para desmontar la descentralización", sostiene el parlamentario bolivarense.

"Le da potestad a Chávez de crear regiones de desarrollo, nombrar vicepresidentes y de decidir cuáles regiones reciben dinero y cuánto. Los gobernadores y alcaldes van a ser jarrones chinos".

La misma preocupación invade al Movimiento Identidad Ciudadana. "Con esta ley comienza el 'desbaratamiento abierto' anunciado el martes por Aristóbulo Istúriz, ya que se le pueden quitar las competencias a los estados e ir al Estado comunal, sin necesidad de realizar una Asamblea Constituyente", afirmó Carlos Vecchio.

Luis Tascón acusa a la oposición a negarse automáticamente a cualquier moción que propongan las fuerzas del proceso y reivindicó la creación del Fondo Interterritorial. Alfredo Murga (PSUV) niega que la descentralización esté en peligro y considera que es un triunfo en la transferencia del poder a las comunidades.

Observatorio Parlamentario rechaza aprobación de Ley de Consejo Federal (Reporte 360)

La institución denuncia el “golpe a la descentralización” tras haberse aprobado este proyecto en la Asamblea Nacional

Caracas, Reporte360 – El comunicado del Observatorio Parlamentario expresa que cuando esta Ley todavía era un proyecto, ya habían expresado sus preocupaciones y observaciones durante el parlamentarismo de calle realizado en la Asamblea Nacional para la “discusión pública” del proyecto de Ley de Consejo Federal.

“Hoy, nuestras denuncias siguen vigentes ya que el único cambio que ocurrió fue que pasamos de tener un proyecto de ley inconstitucional a tener una Ley inconstitucional que además cerca a los estados y municipios”.

A lo largo del comunicado siguen expresando su descontento con esta nueva legislación recuerdan que parte de su contenido expresa que la finalidad del Consejo Federal es transferir las competencias y atribuciones de las entidades territoriales hacia las organizaciones de base del poder popular.

Argumentan que esto es un hecho inconstitucional, puesto que el artículo 184 de la Constitución indica que el Consejo Federal de Gobierno debe tener como finalidad la transferencia de competencias del Poder Nacional a los Estados y Municipios, es decir, del Presidente hacia los Estados y Municipios.

“Con esta ley comienza el ‘desbaratamiento abierto’ anunciado el martes por Aristóbulo Isturiz, pues se le pueden quitar las competencias a los estados e ir al estado comunal, sin necesidad de realizar una Asamblea Constituyente”.

Mantienen que el Observatorio Parlamentario ve con indignación cómo la Asamblea Nacional ha trabajado por la implantación de la geometría del poder que el pueblo rechazó en la reforma de 2007.

Finalmente destacan que lo que se ha planteado desde la AN es un “centralismo asfixiante”.
“En el mundo no existe ni un país que se haya desarrollado basado en el centralismo, y en nuestra constitución está escrito que los estados y municipios deben fortalecerse a través de la descentralización”.

Para la institución estos diputados han traicionado a sus regiones y a sus electores, porque en lugar de controlar a la administración pública y velar por las necesidades del pueblo, están siendo controlados por el Presidente, pues esta ley de Consejo Federal le da el poder al primer mandatario del país, en lugar de dárselo al pueblo.

Observatorio Parlamentario: Ley de Consejo Federal de Gobierno busca imponer un "centralismo asfixiante" (Globovision)

La organización Observatorio Parlamentario, coordinada por Carlos Vecchio, publicó este miércoles un comunicado en el que rechazan la reciente aprobación de la Ley de Consejo Federal de Gobierno, pues consideran que con ésta se pretender imponer un "centralismo asfixiante".

Explicaron que, según la ley aprobada, la finalidad del Consejo Federal se resume en transferir las competencias y atribuciones de las entidades territoriales hacia las organizaciones de base del poder popular.

"Esto es inconstitucional ya que el artículo 184 de la Constitución indica que el Consejo Federal de Gobierno debe tener como finalidad la transferencia de competencias del Poder Nacional a los Estados y Municipios. Cualquier transferencia hacia las comunidades debe partir de los Estados y Municipios y no del Poder Central", destacaron.

Acusan a Parlamento de imponer asfixiante centralismo (El Universal)

El Observatorio Parlamentario rechazó la sanción por parte de la Asamblea Nacional de la Ley del Consejo Federal de Gobierno, sobre la que ratificó todas las críticas presentadas durante su discusión, pues el texto es parte de "la estrategia para lograr la destrucción de estados y municipios".

Alertaron que la Ley del Consejo Federal "le da el poder al Presidente en lugar de dárselo al pueblo". "Queremos destacar que lo que se ha planteado desde la AN es un centralismo asfixiante. En el mundo no existe ni un país que se haya desarrollado basado en el centralismo, y en nuestra Constitución está escrito que los estados y municipios deben fortalecerse a través de la descentralización".

El grupo que coordina Carlos Vecchio afirmó en un comunicado que "con esta ley comienza el 'desbaratamiento abierto' anunciado el día de ayer por Aristóbulo Istúriz, ya que se le pueden quitar las competencias a los estados e ir al estado comunal, sin necesidad de realizar una asamblea constituyente".

"Cuando esta ley todavía era un proyecto expresamos nuestras preocupaciones y observaciones durante el parlamentarismo de calle realizado en la Asamblea Nacional para la "discusión pública" del proyecto de Ley del Consejo Federal. Hoy, nuestras denuncias siguen vigentes ya que el único cambio que ocurrió fue que pasamos de tener un proyecto de ley inconstitucional a tener una ley inconstitucional que además cerca a los estados y municipios".

"Vemos con indignación cómo la Asamblea Nacional ha venido trabajando por la implantación de la geometría del poder que el pueblo rechazó en la reforma de 2007", dice el comunicado, que enumera las competencias que el artículo 14 de la referida ley otorga al presidente de la República, y concluyen en que "el Consejo Federal sólo propone y el Presidente es quien decide".

Comunicado en rechazo a la aprobación de la Ley de Consejo Federal

El Observatorio Parlamentario rechaza el golpe que se le ha dado a la descentralización con la aprobación de la Ley de Consejo Federal.

Cuando esta Ley todavía era un proyecto, expresamos nuestras preocupaciones y observaciones durante el parlamentarismo de calle realizado en la Asamblea Nacional para la “discusión pública” del proyecto de Ley de Consejo Federal. Hoy, nuestras denuncias siguen vigentes ya que el único cambio que ocurrió fue que pasamos de tener un proyecto de ley inconstitucional a tener una Ley inconstitucional que además cerca a los estados y municipios.

Recordamos que parte del contenido de esta ley expresa que la finalidad del Consejo Federal es transferir las competencias y atribuciones de las entidades territoriales hacia las organizaciones de base del poder popular. Esto es inconstitucional ya que el artículo 184 de la Constitución indica que el Consejo Federal de Gobierno debe tener como finalidad la transferencia de competencias del Poder Nacional a los Estados y Municipios, es decir, del Presidente hacia los Estados y Municipios.

Aunado a esto, encontramos que la constitución también plantea que cualquier transferencia hacia las comunidades debe partir de los Estados y Municipios y no del Poder Central como dice la Ley de Consejo Federal:
Artículo 184 de la Constitución: ”La ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los Estados y los Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que éstos gestionen previa demostración de su capacidad para prestarlos”.

Con esta ley comienza el “desbaratamiento abierto” anunciado el día de ayer por Aristóbulo Isturiz, ya que se le pueden quitar las competencias a los estados e ir al estado comunal, sin necesidad de realizar una Asamblea Constituyente.

Por otro lado, quisiéramos resaltar que el artículo 7 de la recién aprobada Ley habla de la creación de “Regiones Federales de Desarrollo”, establecidas por el Presidente.

Conforme al artículo 185 de la Constitución, el Consejo Federal de gobierno es para profundizar la descentralización y la transferencia de competencias desde el Poder Central hacia los Estados y Municipios pero no para crear Regiones Federales distintas de los Estados y Municipios. Además la Constitución Nacional en su artículo 16 establece que el territorio nacional se divide en el de los Estados, el del Distrito Capital, el de las dependencias federales y el de los territorios federales, no existe una figura denominada Regiones Federales, en consecuencia el artículo 7 es inconstitucional.

Vemos con indignación cómo la Asamblea Nacional ha venido trabajando por la implantación de la geometría del poder que el pueblo rechazó en la reforma de 2007.

En cuanto a las Competencias del Consejo Federal (art. 14) claramente dejan ver que el Consejo Federal sólo propone y el Presidente es quien decide. Adicionalmente, encontramos las siguientes atribuciones para el Presidente:
• No puede reunirse el Consejo Federal si el Presidente no lo autoriza (art.15).
• En cuanto al fondo interterritorial, el mismo será creado por el Presidente (art. 22).
• La creación de las regiones Federales, y las transferencias de competencias a las comunidades y las modificaciones de la organización política territorial, le corresponde decidirlo al Presidente.

Aunado a lo anterior, la semana pasada indicamos que la AN ha establecido un cerco a las regiones durante el 2009, al aprobar un conjunto de leyes que le han quitado a Estados y Municipios competencias, recursos y poder político. Todo esto en el marco de la estrategia para lograr la destrucción de estados y municipios. (Ver láminas anexas)

Finalmente queremos destacar que lo que se ha planteado desde la AN es un centralismo asfixiante. En el mundo no existe ni un país que se haya desarrollado basado en el centralismo, y en nuestra constitución está escrito que los estados y municipios deben fortalecerse a través de la descentralización.

Estos diputados han traicionado a sus regiones y a sus electores, porque en lugar de controlar a la administración pública y velar por las necesidades del pueblo, están siendo controlados por el Presidente.

Esta ley de Consejo Federal le da el poder al Presidente en lugar de dárselo al pueblo.



Carlos Vecchio
Coordinador del Observatorio Parlamentario y
Miembro de Voluntad Popular