| El amparo admitido por el TSJ fue un ecurso “personalísimo” | |
| Dictamen de Sala Electoral no es aplicable en casos de inhabilitados por Russián | |
Valencia, diciembre 28 (REDACTA).- La sentencia de la Sala Electoral del TSJ que favoreció al profesor universitario Julio Alberto Alvarez, no es aplicable a los casos de los 153 inhabilitados políticos anunciados por la Contraloría la semana pasada. El protagonista del caso explicó que las instancias que ejecutaron la medida y los supuestos delitos investigados son diferentes en los dos escenarios. El constitucionalista y docente universitario Julio Alberto Alvarez, mejor conocido como Tulio Alvarez, aclaró que hace años enfrentó una condenatoria penal por un delito de opinión, “que según la OEA no existe”. En un panorama completamente distinto, las personas en la lista del contralor Clodosbaldo Russián, son investigadas por posibles irregularidades administrativas durante sus gestiones en cargos públicos. Este 25 de noviembre la Sala Electoral declaró con lugar el amparo solicitado por Alvarez, y le ordenó al CNE y a la Comisión Electoral que levantara cualquier inhabilitación política en su contra y le permitiera inscribirse en los registros electorales. Su inhabilitación le había impedido participar como votante en los procesos comiciales de la Universidad Central de Venezuela, donde es docente desde hace 28 años. Antes de la decisión, Alvarez contaba con el respaldo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el 28 de septiembre de 2006 ordenó al Estado venezolano dejar sin efecto las sentencias en su contra. Pero el Estado las conservó parcialmente por varios años, hasta emitir la decisión final a su favor el mes pasado. “No existía inhabilitación por el ejercicio de un cargo público sino por una condena a cumplir la pena de dos años y tres meses de prisión y las accesorias correspondientes por la comisión de delito de opinión; entre las penas accesorias, fui objeto de inhabilitación política a pesar de la orden de la Comisión”. El abogado Carlos Vecchio comparte la perspectiva de que la decisión del caso de la Comisión Electoral de la UCV no es vinculante con los sancionados administrativamente por Russián, porque son situaciones distintas. Pero a pesar de que la decisión no tiene incidencia alguna, para el jurista evidencia las contradicciones que existen entre los magistrados de la Sala Constitucional y la Sala Penal sobre las condiciones que ameritan una inhabilitación política. Las diferencias Aunque el profesor Tulio Alvarez enfatizó su explicación sobre el tema, no indica que esté de acuerdo con la lista revelada la semana pasada; sostiene que el resultado de su caso no puede exigirse en los procesos que enfrentan los demás inhabilitados. “El amparo es personalísimo, no es un recurso que se aplique a todos los casos futuros, sino que afecta al accionante, que en este caso fui yo”, aclaró. Otra de las diferencias fue la instancia que ejecutó cada medida. “El criterio que validó las inhabilitaciones del Contralor, es un criterio de la Sala Constitucional. En cambio mi caso es por la Sala Electoral”, diferenció Alvarez. El experto en materia constitucional señala que aunque no lo establece expresamente, el reciente pronunciamiento de la Sala Electoral “insinúa” que la inhabilitación política aplica en sentencias penales y no por casos administrativos, por lo que no descarta que se puedan emitir nuevas decisiones que amparen casos particulares de inhabilitados. Pero aunque los afectados acudieran a esta opción, las nuevas decisiones serían anuladas si contradicen las iniciales. “En el aspecto práctico o pragmático en este caso, es que si se presentara un conflicto de interpretaciones entre el criterio de la Sala Electoral y la Sala Constitucional, esta última haría predominar su criterio a través de la nulidad de la sentencia”. Quienes aparecen en la lista de Russián podrían intentar amparos ante la Sala Constitucional, pero no hay garantía de que la sentencia los favorezca como al profesor universitario, que en un caso distinto afrontó una condena judicial y contó con la intervención de la OEA en el proceso. Alvarez cree que se deben agotar los recursos internos del país, pero les recomienda acudir a instancias internacionales para no depender de los tribunales venezolanos únicamente. Blyde: Inhabilitación es una pena accesoria “La inhabilitación es una pena accesoria que debe estar acompañada de una pena penal (...) Como pena accesoria no puede ser una pena única”, aseguró este lunes Gerardo Blyde, alcalde del municipio Baruta. Según Blyde, el país debe esperar por una decisión en la materia de la Sala Constitucional. No descartó que se presente un conflicto entre la Sala Constitucional y la Electoral, aunque la decisión final estará en manos de la máxima sala judicial del país. | |
martes, 29 de diciembre de 2009
Dictamen de Sala Electoral no es aplicable en casos de inhabilitados por Russián
"Magistrados se contradicen sobre las inhabilitaciones"
"Magistrados se contradicen sobre las inhabilitaciones"
Carlos Vecchio afirma que sentencia de Sala Electoral no incide sobre sancionados
El abogado Carlos Vecchio sale al paso ante posibles confusiones y reitera que la reciente sentencia de la Sala Electoral sobre la comisión electoral de la UCV no tiene ninguna incidencia en aquellos sancionados por el contralor general de la República, aunque sí, aseguró el abogado, revela que existen contradicciones entre los integrantes de la Sala Electoral y la Sala Constitucional del TSJ sobre la interpretación que le dan, por ejemplo, al artículo 65 de la Constitución.
Vecchio explica que en los integrantes de la Sala Electoral estuvieron de acuerdo en señalar en la mencionada sentencia que inhabilita al profesor de la UCV, que debe existir condena penal y ésta debe estar referida al ejercicio del cargo de la función pública; es decir, interpretaron tal artículo como lo han venido haciendo los afectados por las sanciones del contralor Clodosbaldo Russián al momento de reclamar sus derechos.
Por el contrario, la Sala Constitucional ni consideró tal ar- tículo cuando dio respuesta al recurso de nulidad introducido por el sancionado alcalde Leopoldo López, y resolvió que las inhabilitaciones eran constitucionales y que no vulneraban ningún derecho humano.
La norma de la Carta Magna antes citada señala: "No podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito".
El abogado Vecchio manifestó: "A pesar de que la decisión de la Sala Electoral (sobre el profesor de la UCV) no es vinculante por primera vez se menciona en el TSJ el artículo 65 de la Constitución y se reafirman elementos fundamentales para no inhabilitar. El punto sobre las inhabilitaciones políticas sigue igual pero esa sentencia expone una contradicción importante entre las dos salas, la Constitucional y la electoral, a pesar de que son casos distintos".
SDIAZ@ELUNIVERSAL.COM
Sara Carolina Díaz
EL UNIVERSAL
TSJ: “Inhabilitación” de las inhabilitaciones de Russián confunden a la Oposición
- AFECTADOS MUY ATAREADOS, ¿EN QUÉ?
TSJ: “Inhabilitación” de las inhabilitaciones de Russián confunden a la Oposición
► Vinculante,…¿o no?. Por ahora, reacciones encontradas sobre el alcance de dictamen de la Sala Electoral
Publicado el 28/12/09. a las 7:38 am
Fotocrédito: Leopoldo López - "inhabilitado" emblemático
Notitarde:- Dictamen de Sala Electoral favorece a todos los inhabilitados por Russián. Sosa Izaguirre: "Pueden pedir aplicación de la jurisprudencia"
"El Contralor se atribuyó funciones de sentenciador penal"
El especialista en derecho constitucional Gustavo Sosa Izaguirre ratificó que el dictamen de la Sala Electoral del TSJ en contra de las inhabilitaciones, en el caso del profesor de la UCV, favorece a todos los afectados y les recomendó pedir la aplicación de la jurisprudencia.
Explicó que aunque la sentencia del TSJ es específica en un caso, los demás afectados pueden participar en los procesos electorales y tienen que pedir que se accione el principio de que cualquier decisión que favorezca a una persona debe ser retroactiva (para todos aquellos que se encuentren en una situación legalmente similar)
"Los inhabilitados, pueden pedir la aplicación de la jurisprudencia a los fines de que cese el estado de inhabilitación en los que otros se encuentran.
Mucho más favorable sería alegar que se extienda la sanción por contrario imperio y porque la misma sentencia rescata el estado de derecho y la plena vigencia del artículo 65.
Al hacer la solicitud quedaría sin efecto la sentencia, al estar amparados en sus derechos políticos o en la nueva decisión, que es categórica al dirigirse a las inhabilitaciones en un caso especifico".
CaCoVa:- Gustavo Sosa Izaguirre: Russián violó la Constitución. Usurpó funciones
"Esta sentencia indica que el Contralor violó la Carta Magna, lo que se traduce en una usurpación de competencias de un poder a otro, lo que hace responsable al Contralor de conformidad al artículo 25, el cual dice que "todo acto del poder público que no menoscabe los derechos consagrados en la Constitución es nulo y los funcionarios públicos que lo ordenen incurren en responsabilidad civil, penal y administrativa, sin que les sirva de excusa que respondieron a ordenes superiores". Completo en Notitarde Edicion 28.12.09
► Carlos Vecchio: "Magistrados se contradicen sobre las inhabilitaciones"
El abogado Carlos Vecchio reitera que la reciente sentencia de la Sala Electoral sobre la comisión electoral de la UCV no tiene ninguna incidencia en aquellos sancionados por el contralor general de la República, aunque sí, aseguró el abogado, revela que existen contradicciones entre los integrantes de la Sala Electoral y la Sala Constitucional del TSJ sobre la interpretación que le dan, por ejemplo, al artículo 65 de la Constitución.
noticias.com;- Carlos Vecchio
La norma de la Carta Magna antes citada señala: "No podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito".
El abogado Carlos Vecchio manifestó: "A pesar de que la decisión de la Sala Electoral (sobre el profesor de la UCV) no es vinculante (?) por primera vez se menciona en el TSJ el artículo 65 de la Constitución y se reafirman elementos fundamentales para no inhabilitar.
El punto sobre las inhabilitaciones políticas sigue igual pero esa sentencia expone una contradicción importante entre las dos salas, la Constitucional y la electoral, a pesar de que son casos distintos". completo en EUD
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jueves, 17 de diciembre de 2009
Oposición prevé golpe a regiones por vía de Ley del Consejo Federal (El Tiempo de Venezuela)
El abogado Carlos Vecchio denunció el inicio del “desbaratamiento” de gobernaciones y alcaldías como anunció el martes Aristóbulo Istúriz. El instrumento transfiere competencias estadales y municipales a las organizaciones del poder popular y permite crear las Regiones Federales de Desarrollo, establecidas por el Presidente de la República. El diputado Carlos Escarrá aseguró que nueva norma, ajustada a derecho, no excluye a ningún sector
CENTRALISMO. Vecchio señaló que la ley transfiere el poder al Presidente Chávez
CARACAS.- El abogado constitucionalista Carlos Vecchio, coordinador del Observatorio Parlamentario, denunció que con la Ley del Consejo Federal de Gobierno, aprobada el martes en la noche por la Asamblea Nacional (AN), se da un “duro golpe a las regiones”. Vecchio señaló que el texto concede al citado Consejo atribuciones para “la transferencia de competencias y atribuciones de las entidades territoriales hacia las organizaciones de base del poder popular”.
De acuerdo con el abogado, quien forma parte de la plataforma opositora Voluntad Popular, la ley, -que consta de 30 apartados- contraviene el artículo 184 de la Constitución Nacional, según el cual la transferencia de competencias debe darse desde el Poder Nacional hacia los estados y municipios. Desde su punto de vista, se inició el “desbaratamiento” de las regiones anunciado ayer por el dirigente del Partido Socialista Unido (Psuv), Aristóbulo Istúriz. Durante la sesión por el décimo aniversario de la Constitución, Istúriz llamó a los mandatarios regionales a ser “mejores gobernadores y alcaldes” mediante el cambio de estructuras burguesas a estructuras fomentadas en el protagonismo popular. Hace un mes, la AN a solicitud de Carlos Escarrá (Psuv), dio urgencia reglamentaria a la ley que, según el presidente Hugo Chávez debió estar lista para el 15 de noviembre.
Cerco estadal
Según un documento presentado por Vecchio, el traspaso de atribuciones debe originarse en los estados y municipios y no en el poder central, por lo cual el ataque a la Constitución se manifiesta a través de toda la Ley del Consejo Federal de Gobierno.
Otro aspecto cuestionado es la creación de las Regiones Federales de Desarrollo, las cuales serán definidas por el Presidente de la República.
“Según el artículo 185 de la Constitución, el Consejo de gobierno es para profundizar la descentralización pero no para crear regiones distintas a los estados y municipios”, explicó.
El abogado puntualizó que la nueva figura no existe en la Carta Magna. El Consejo Federal de Gobierno estará integrado por el vicepresidente Ejecutivo de la República, los ministros o ministras; los gobernadores o gobernadoras y un alcalde o alcaldesa por cada estado. También participarán en la instancia, los representantes de la sociedad organizada, “de los cuales uno representará a los pueblos y comunidades indígenas”.
El coordinador del Observatorio Parlamentario señaló otras irregularidades, como el hecho de que el Consejo Federal de gobierno no puede reunirse si no es autorizado por el jefe del Estado. El mismo Presidente es quien podrá crear el Fondo de Compensación Interterritorial, que se estableció para ayudar al desarrollo regional y cuyos recursos provendrán del excedente de reservas internacionales.
Decreto en la AN
De su lado, el diputado Juan José Molina (Podemos) condenó que, cuando se sancionó la Ley del Consejo Federal de Gobierno, la presidenta Cilia Flores “dijo que había muerto la descentralización”. Añadió Molina que la acción se suma a la ruptura de la separación de poderes. Consideró que el anuncio de Istúriz se incluye dentro “de la estrategia del gobierno nacional de desmontar toda la institucionalidad”.
Por su parte, Tomás Guanipa, secretario general de Primero Justicia, dijo que con la Ley del Consejo Federal de Gobierno “buscan acentuar el poder en una sola mano, en el Presidente de la República”. Cree que la situación es propicia para “amalgamarnos y defender la descentralización y lograr mayoría en la Asamblea Nacional, durante las elecciones del venidero año”.
Sin embargo, el diputado Carlos Escarrá (Psuv) dijo en el parlamento, que la ley del Consejo Federal de Gobierno “no excluye a nadie” y se ajusta a la Carta Magna. Darío Vivas ha informado que la transferencia de recursos se atenderá según el plan nacional Simón Bolívar y las evaluaciones realizadas en cada región.
Comunas
Según la Ley del Consejo Federal de Gobierno, la sociedad organizada está constituida por Consejos Comunales, Comunas, Mesas Técnicas y cualquier otra organización de base del poder popular. En septiembre de este año, el presidente Chávez llamó a retomar la conformación de la nueva geometría del poder, como parte de la reestructuración del gobierno, e invitó a los mandatarios regionales a integrarse.
Norma establece fondo para obras
En el capítulo sexto de la Ley del Consejo Federal de Gobierno se señalan las normas para el Fondo de Compensación Interterritorial. La nueva instancia regional será un órgano desconcentrado sin personalidad jurídica, el cual se orientará “al financiamiento de inversiones públicas para promover el desarrollo equilibrado de las regiones, la cooperación y complementación de las políticas e iniciativas de desarrollo de las distintas entidades públicas”.
Según el texto, los recursos del referido fondo serán importantes para la ejecución de obras y servicios esenciales “en las regiones y comunidades de menor desarrollo relativo”. El funcionamiento de éste será definido a través de un reglamento dictaminado por el Presidente de la República a través del Consejo de Ministros.
Regiones socioeconómicas
La fijación de los recursos es definida por el Consejo Federal de Gobierno, el cual discutirá anualmente y aprobará los montos a través de la estructura de las regiones socioeconómicas.
Por otra parte, “la administración de los recursos del Fondo de Compensación Interterritorial estará a cargo del Consejo Federal de Gobierno, a través de su Secretaría”.
Se asegura el respeto de los principios de transparencia, simplicidad, productividad, control y rendición de cuentas. Sobre este último elemento, “los estados, los municipios, las Autoridades de las Regiones Federales de Desarrollo, y las organizaciones de base del Poder Popular” reportarán al Consejo de Gobierno.
CENTRALISMO. Vecchio señaló que la ley transfiere el poder al Presidente Chávez
CARACAS.- El abogado constitucionalista Carlos Vecchio, coordinador del Observatorio Parlamentario, denunció que con la Ley del Consejo Federal de Gobierno, aprobada el martes en la noche por la Asamblea Nacional (AN), se da un “duro golpe a las regiones”. Vecchio señaló que el texto concede al citado Consejo atribuciones para “la transferencia de competencias y atribuciones de las entidades territoriales hacia las organizaciones de base del poder popular”.
De acuerdo con el abogado, quien forma parte de la plataforma opositora Voluntad Popular, la ley, -que consta de 30 apartados- contraviene el artículo 184 de la Constitución Nacional, según el cual la transferencia de competencias debe darse desde el Poder Nacional hacia los estados y municipios. Desde su punto de vista, se inició el “desbaratamiento” de las regiones anunciado ayer por el dirigente del Partido Socialista Unido (Psuv), Aristóbulo Istúriz. Durante la sesión por el décimo aniversario de la Constitución, Istúriz llamó a los mandatarios regionales a ser “mejores gobernadores y alcaldes” mediante el cambio de estructuras burguesas a estructuras fomentadas en el protagonismo popular. Hace un mes, la AN a solicitud de Carlos Escarrá (Psuv), dio urgencia reglamentaria a la ley que, según el presidente Hugo Chávez debió estar lista para el 15 de noviembre.
Cerco estadal
Según un documento presentado por Vecchio, el traspaso de atribuciones debe originarse en los estados y municipios y no en el poder central, por lo cual el ataque a la Constitución se manifiesta a través de toda la Ley del Consejo Federal de Gobierno.
Otro aspecto cuestionado es la creación de las Regiones Federales de Desarrollo, las cuales serán definidas por el Presidente de la República.
“Según el artículo 185 de la Constitución, el Consejo de gobierno es para profundizar la descentralización pero no para crear regiones distintas a los estados y municipios”, explicó.
El abogado puntualizó que la nueva figura no existe en la Carta Magna. El Consejo Federal de Gobierno estará integrado por el vicepresidente Ejecutivo de la República, los ministros o ministras; los gobernadores o gobernadoras y un alcalde o alcaldesa por cada estado. También participarán en la instancia, los representantes de la sociedad organizada, “de los cuales uno representará a los pueblos y comunidades indígenas”.
El coordinador del Observatorio Parlamentario señaló otras irregularidades, como el hecho de que el Consejo Federal de gobierno no puede reunirse si no es autorizado por el jefe del Estado. El mismo Presidente es quien podrá crear el Fondo de Compensación Interterritorial, que se estableció para ayudar al desarrollo regional y cuyos recursos provendrán del excedente de reservas internacionales.
Decreto en la AN
De su lado, el diputado Juan José Molina (Podemos) condenó que, cuando se sancionó la Ley del Consejo Federal de Gobierno, la presidenta Cilia Flores “dijo que había muerto la descentralización”. Añadió Molina que la acción se suma a la ruptura de la separación de poderes. Consideró que el anuncio de Istúriz se incluye dentro “de la estrategia del gobierno nacional de desmontar toda la institucionalidad”.
Por su parte, Tomás Guanipa, secretario general de Primero Justicia, dijo que con la Ley del Consejo Federal de Gobierno “buscan acentuar el poder en una sola mano, en el Presidente de la República”. Cree que la situación es propicia para “amalgamarnos y defender la descentralización y lograr mayoría en la Asamblea Nacional, durante las elecciones del venidero año”.
Sin embargo, el diputado Carlos Escarrá (Psuv) dijo en el parlamento, que la ley del Consejo Federal de Gobierno “no excluye a nadie” y se ajusta a la Carta Magna. Darío Vivas ha informado que la transferencia de recursos se atenderá según el plan nacional Simón Bolívar y las evaluaciones realizadas en cada región.
Comunas
Según la Ley del Consejo Federal de Gobierno, la sociedad organizada está constituida por Consejos Comunales, Comunas, Mesas Técnicas y cualquier otra organización de base del poder popular. En septiembre de este año, el presidente Chávez llamó a retomar la conformación de la nueva geometría del poder, como parte de la reestructuración del gobierno, e invitó a los mandatarios regionales a integrarse.
Norma establece fondo para obras
En el capítulo sexto de la Ley del Consejo Federal de Gobierno se señalan las normas para el Fondo de Compensación Interterritorial. La nueva instancia regional será un órgano desconcentrado sin personalidad jurídica, el cual se orientará “al financiamiento de inversiones públicas para promover el desarrollo equilibrado de las regiones, la cooperación y complementación de las políticas e iniciativas de desarrollo de las distintas entidades públicas”.
Según el texto, los recursos del referido fondo serán importantes para la ejecución de obras y servicios esenciales “en las regiones y comunidades de menor desarrollo relativo”. El funcionamiento de éste será definido a través de un reglamento dictaminado por el Presidente de la República a través del Consejo de Ministros.
Regiones socioeconómicas
La fijación de los recursos es definida por el Consejo Federal de Gobierno, el cual discutirá anualmente y aprobará los montos a través de la estructura de las regiones socioeconómicas.
Por otra parte, “la administración de los recursos del Fondo de Compensación Interterritorial estará a cargo del Consejo Federal de Gobierno, a través de su Secretaría”.
Se asegura el respeto de los principios de transparencia, simplicidad, productividad, control y rendición de cuentas. Sobre este último elemento, “los estados, los municipios, las Autoridades de las Regiones Federales de Desarrollo, y las organizaciones de base del Poder Popular” reportarán al Consejo de Gobierno.
Machetazo a las regiones (Tal Cual)
Podemos denunció que las leyes de Planificación y del Poder Popular apuntan a la transferencia del poder del Estado en un sentido distinto al que establece la Constitución
El temor a que la descentralización como concepto sea abolido creció ayer en la fracción parlamentaria de Podemos: se topó en el orden del día con las leyes de Planificación y del Poder Popular que, aduce el diputado Juan José Molina, apuntan a la transferencia del poder del Estado en un sentido distinto al que establece la Constitución.
"La aprobación de la Ley del Consejo Federal, el martes, es otro paso de una estrategia bien estructurada para desmontar la descentralización", sostiene el parlamentario bolivarense.
"Le da potestad a Chávez de crear regiones de desarrollo, nombrar vicepresidentes y de decidir cuáles regiones reciben dinero y cuánto. Los gobernadores y alcaldes van a ser jarrones chinos".
La misma preocupación invade al Movimiento Identidad Ciudadana. "Con esta ley comienza el 'desbaratamiento abierto' anunciado el martes por Aristóbulo Istúriz, ya que se le pueden quitar las competencias a los estados e ir al Estado comunal, sin necesidad de realizar una Asamblea Constituyente", afirmó Carlos Vecchio.
Luis Tascón acusa a la oposición a negarse automáticamente a cualquier moción que propongan las fuerzas del proceso y reivindicó la creación del Fondo Interterritorial. Alfredo Murga (PSUV) niega que la descentralización esté en peligro y considera que es un triunfo en la transferencia del poder a las comunidades.
El temor a que la descentralización como concepto sea abolido creció ayer en la fracción parlamentaria de Podemos: se topó en el orden del día con las leyes de Planificación y del Poder Popular que, aduce el diputado Juan José Molina, apuntan a la transferencia del poder del Estado en un sentido distinto al que establece la Constitución.
"La aprobación de la Ley del Consejo Federal, el martes, es otro paso de una estrategia bien estructurada para desmontar la descentralización", sostiene el parlamentario bolivarense.
"Le da potestad a Chávez de crear regiones de desarrollo, nombrar vicepresidentes y de decidir cuáles regiones reciben dinero y cuánto. Los gobernadores y alcaldes van a ser jarrones chinos".
La misma preocupación invade al Movimiento Identidad Ciudadana. "Con esta ley comienza el 'desbaratamiento abierto' anunciado el martes por Aristóbulo Istúriz, ya que se le pueden quitar las competencias a los estados e ir al Estado comunal, sin necesidad de realizar una Asamblea Constituyente", afirmó Carlos Vecchio.
Luis Tascón acusa a la oposición a negarse automáticamente a cualquier moción que propongan las fuerzas del proceso y reivindicó la creación del Fondo Interterritorial. Alfredo Murga (PSUV) niega que la descentralización esté en peligro y considera que es un triunfo en la transferencia del poder a las comunidades.
Observatorio Parlamentario rechaza aprobación de Ley de Consejo Federal (Reporte 360)
La institución denuncia el “golpe a la descentralización” tras haberse aprobado este proyecto en la Asamblea Nacional
Caracas, Reporte360 – El comunicado del Observatorio Parlamentario expresa que cuando esta Ley todavía era un proyecto, ya habían expresado sus preocupaciones y observaciones durante el parlamentarismo de calle realizado en la Asamblea Nacional para la “discusión pública” del proyecto de Ley de Consejo Federal.
“Hoy, nuestras denuncias siguen vigentes ya que el único cambio que ocurrió fue que pasamos de tener un proyecto de ley inconstitucional a tener una Ley inconstitucional que además cerca a los estados y municipios”.
A lo largo del comunicado siguen expresando su descontento con esta nueva legislación recuerdan que parte de su contenido expresa que la finalidad del Consejo Federal es transferir las competencias y atribuciones de las entidades territoriales hacia las organizaciones de base del poder popular.
Argumentan que esto es un hecho inconstitucional, puesto que el artículo 184 de la Constitución indica que el Consejo Federal de Gobierno debe tener como finalidad la transferencia de competencias del Poder Nacional a los Estados y Municipios, es decir, del Presidente hacia los Estados y Municipios.
“Con esta ley comienza el ‘desbaratamiento abierto’ anunciado el martes por Aristóbulo Isturiz, pues se le pueden quitar las competencias a los estados e ir al estado comunal, sin necesidad de realizar una Asamblea Constituyente”.
Mantienen que el Observatorio Parlamentario ve con indignación cómo la Asamblea Nacional ha trabajado por la implantación de la geometría del poder que el pueblo rechazó en la reforma de 2007.
Finalmente destacan que lo que se ha planteado desde la AN es un “centralismo asfixiante”.
“En el mundo no existe ni un país que se haya desarrollado basado en el centralismo, y en nuestra constitución está escrito que los estados y municipios deben fortalecerse a través de la descentralización”.
Para la institución estos diputados han traicionado a sus regiones y a sus electores, porque en lugar de controlar a la administración pública y velar por las necesidades del pueblo, están siendo controlados por el Presidente, pues esta ley de Consejo Federal le da el poder al primer mandatario del país, en lugar de dárselo al pueblo.
Caracas, Reporte360 – El comunicado del Observatorio Parlamentario expresa que cuando esta Ley todavía era un proyecto, ya habían expresado sus preocupaciones y observaciones durante el parlamentarismo de calle realizado en la Asamblea Nacional para la “discusión pública” del proyecto de Ley de Consejo Federal.
“Hoy, nuestras denuncias siguen vigentes ya que el único cambio que ocurrió fue que pasamos de tener un proyecto de ley inconstitucional a tener una Ley inconstitucional que además cerca a los estados y municipios”.
A lo largo del comunicado siguen expresando su descontento con esta nueva legislación recuerdan que parte de su contenido expresa que la finalidad del Consejo Federal es transferir las competencias y atribuciones de las entidades territoriales hacia las organizaciones de base del poder popular.
Argumentan que esto es un hecho inconstitucional, puesto que el artículo 184 de la Constitución indica que el Consejo Federal de Gobierno debe tener como finalidad la transferencia de competencias del Poder Nacional a los Estados y Municipios, es decir, del Presidente hacia los Estados y Municipios.
“Con esta ley comienza el ‘desbaratamiento abierto’ anunciado el martes por Aristóbulo Isturiz, pues se le pueden quitar las competencias a los estados e ir al estado comunal, sin necesidad de realizar una Asamblea Constituyente”.
Mantienen que el Observatorio Parlamentario ve con indignación cómo la Asamblea Nacional ha trabajado por la implantación de la geometría del poder que el pueblo rechazó en la reforma de 2007.
Finalmente destacan que lo que se ha planteado desde la AN es un “centralismo asfixiante”.
“En el mundo no existe ni un país que se haya desarrollado basado en el centralismo, y en nuestra constitución está escrito que los estados y municipios deben fortalecerse a través de la descentralización”.
Para la institución estos diputados han traicionado a sus regiones y a sus electores, porque en lugar de controlar a la administración pública y velar por las necesidades del pueblo, están siendo controlados por el Presidente, pues esta ley de Consejo Federal le da el poder al primer mandatario del país, en lugar de dárselo al pueblo.
Observatorio Parlamentario: Ley de Consejo Federal de Gobierno busca imponer un "centralismo asfixiante" (Globovision)
La organización Observatorio Parlamentario, coordinada por Carlos Vecchio, publicó este miércoles un comunicado en el que rechazan la reciente aprobación de la Ley de Consejo Federal de Gobierno, pues consideran que con ésta se pretender imponer un "centralismo asfixiante".
Explicaron que, según la ley aprobada, la finalidad del Consejo Federal se resume en transferir las competencias y atribuciones de las entidades territoriales hacia las organizaciones de base del poder popular.
"Esto es inconstitucional ya que el artículo 184 de la Constitución indica que el Consejo Federal de Gobierno debe tener como finalidad la transferencia de competencias del Poder Nacional a los Estados y Municipios. Cualquier transferencia hacia las comunidades debe partir de los Estados y Municipios y no del Poder Central", destacaron.
Explicaron que, según la ley aprobada, la finalidad del Consejo Federal se resume en transferir las competencias y atribuciones de las entidades territoriales hacia las organizaciones de base del poder popular.
"Esto es inconstitucional ya que el artículo 184 de la Constitución indica que el Consejo Federal de Gobierno debe tener como finalidad la transferencia de competencias del Poder Nacional a los Estados y Municipios. Cualquier transferencia hacia las comunidades debe partir de los Estados y Municipios y no del Poder Central", destacaron.
Acusan a Parlamento de imponer asfixiante centralismo (El Universal)
El Observatorio Parlamentario rechazó la sanción por parte de la Asamblea Nacional de la Ley del Consejo Federal de Gobierno, sobre la que ratificó todas las críticas presentadas durante su discusión, pues el texto es parte de "la estrategia para lograr la destrucción de estados y municipios".
Alertaron que la Ley del Consejo Federal "le da el poder al Presidente en lugar de dárselo al pueblo". "Queremos destacar que lo que se ha planteado desde la AN es un centralismo asfixiante. En el mundo no existe ni un país que se haya desarrollado basado en el centralismo, y en nuestra Constitución está escrito que los estados y municipios deben fortalecerse a través de la descentralización".
El grupo que coordina Carlos Vecchio afirmó en un comunicado que "con esta ley comienza el 'desbaratamiento abierto' anunciado el día de ayer por Aristóbulo Istúriz, ya que se le pueden quitar las competencias a los estados e ir al estado comunal, sin necesidad de realizar una asamblea constituyente".
"Cuando esta ley todavía era un proyecto expresamos nuestras preocupaciones y observaciones durante el parlamentarismo de calle realizado en la Asamblea Nacional para la "discusión pública" del proyecto de Ley del Consejo Federal. Hoy, nuestras denuncias siguen vigentes ya que el único cambio que ocurrió fue que pasamos de tener un proyecto de ley inconstitucional a tener una ley inconstitucional que además cerca a los estados y municipios".
"Vemos con indignación cómo la Asamblea Nacional ha venido trabajando por la implantación de la geometría del poder que el pueblo rechazó en la reforma de 2007", dice el comunicado, que enumera las competencias que el artículo 14 de la referida ley otorga al presidente de la República, y concluyen en que "el Consejo Federal sólo propone y el Presidente es quien decide".
Alertaron que la Ley del Consejo Federal "le da el poder al Presidente en lugar de dárselo al pueblo". "Queremos destacar que lo que se ha planteado desde la AN es un centralismo asfixiante. En el mundo no existe ni un país que se haya desarrollado basado en el centralismo, y en nuestra Constitución está escrito que los estados y municipios deben fortalecerse a través de la descentralización".
El grupo que coordina Carlos Vecchio afirmó en un comunicado que "con esta ley comienza el 'desbaratamiento abierto' anunciado el día de ayer por Aristóbulo Istúriz, ya que se le pueden quitar las competencias a los estados e ir al estado comunal, sin necesidad de realizar una asamblea constituyente".
"Cuando esta ley todavía era un proyecto expresamos nuestras preocupaciones y observaciones durante el parlamentarismo de calle realizado en la Asamblea Nacional para la "discusión pública" del proyecto de Ley del Consejo Federal. Hoy, nuestras denuncias siguen vigentes ya que el único cambio que ocurrió fue que pasamos de tener un proyecto de ley inconstitucional a tener una ley inconstitucional que además cerca a los estados y municipios".
"Vemos con indignación cómo la Asamblea Nacional ha venido trabajando por la implantación de la geometría del poder que el pueblo rechazó en la reforma de 2007", dice el comunicado, que enumera las competencias que el artículo 14 de la referida ley otorga al presidente de la República, y concluyen en que "el Consejo Federal sólo propone y el Presidente es quien decide".
miércoles, 16 de diciembre de 2009
Comunicado en rechazo a la aprobación de la Ley de Consejo Federal
El Observatorio Parlamentario rechaza el golpe que se le ha dado a la descentralización con la aprobación de la Ley de Consejo Federal.
Cuando esta Ley todavía era un proyecto, expresamos nuestras preocupaciones y observaciones durante el parlamentarismo de calle realizado en la Asamblea Nacional para la “discusión pública” del proyecto de Ley de Consejo Federal. Hoy, nuestras denuncias siguen vigentes ya que el único cambio que ocurrió fue que pasamos de tener un proyecto de ley inconstitucional a tener una Ley inconstitucional que además cerca a los estados y municipios.
Recordamos que parte del contenido de esta ley expresa que la finalidad del Consejo Federal es transferir las competencias y atribuciones de las entidades territoriales hacia las organizaciones de base del poder popular. Esto es inconstitucional ya que el artículo 184 de la Constitución indica que el Consejo Federal de Gobierno debe tener como finalidad la transferencia de competencias del Poder Nacional a los Estados y Municipios, es decir, del Presidente hacia los Estados y Municipios.
Aunado a esto, encontramos que la constitución también plantea que cualquier transferencia hacia las comunidades debe partir de los Estados y Municipios y no del Poder Central como dice la Ley de Consejo Federal:
Artículo 184 de la Constitución: ”La ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los Estados y los Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que éstos gestionen previa demostración de su capacidad para prestarlos”.
Con esta ley comienza el “desbaratamiento abierto” anunciado el día de ayer por Aristóbulo Isturiz, ya que se le pueden quitar las competencias a los estados e ir al estado comunal, sin necesidad de realizar una Asamblea Constituyente.
Por otro lado, quisiéramos resaltar que el artículo 7 de la recién aprobada Ley habla de la creación de “Regiones Federales de Desarrollo”, establecidas por el Presidente.
Conforme al artículo 185 de la Constitución, el Consejo Federal de gobierno es para profundizar la descentralización y la transferencia de competencias desde el Poder Central hacia los Estados y Municipios pero no para crear Regiones Federales distintas de los Estados y Municipios. Además la Constitución Nacional en su artículo 16 establece que el territorio nacional se divide en el de los Estados, el del Distrito Capital, el de las dependencias federales y el de los territorios federales, no existe una figura denominada Regiones Federales, en consecuencia el artículo 7 es inconstitucional.
Vemos con indignación cómo la Asamblea Nacional ha venido trabajando por la implantación de la geometría del poder que el pueblo rechazó en la reforma de 2007.
En cuanto a las Competencias del Consejo Federal (art. 14) claramente dejan ver que el Consejo Federal sólo propone y el Presidente es quien decide. Adicionalmente, encontramos las siguientes atribuciones para el Presidente:
• No puede reunirse el Consejo Federal si el Presidente no lo autoriza (art.15).
• En cuanto al fondo interterritorial, el mismo será creado por el Presidente (art. 22).
• La creación de las regiones Federales, y las transferencias de competencias a las comunidades y las modificaciones de la organización política territorial, le corresponde decidirlo al Presidente.
Aunado a lo anterior, la semana pasada indicamos que la AN ha establecido un cerco a las regiones durante el 2009, al aprobar un conjunto de leyes que le han quitado a Estados y Municipios competencias, recursos y poder político. Todo esto en el marco de la estrategia para lograr la destrucción de estados y municipios. (Ver láminas anexas)
Finalmente queremos destacar que lo que se ha planteado desde la AN es un centralismo asfixiante. En el mundo no existe ni un país que se haya desarrollado basado en el centralismo, y en nuestra constitución está escrito que los estados y municipios deben fortalecerse a través de la descentralización.
Estos diputados han traicionado a sus regiones y a sus electores, porque en lugar de controlar a la administración pública y velar por las necesidades del pueblo, están siendo controlados por el Presidente.
Esta ley de Consejo Federal le da el poder al Presidente en lugar de dárselo al pueblo.
Carlos Vecchio
Coordinador del Observatorio Parlamentario y
Miembro de Voluntad Popular
Cuando esta Ley todavía era un proyecto, expresamos nuestras preocupaciones y observaciones durante el parlamentarismo de calle realizado en la Asamblea Nacional para la “discusión pública” del proyecto de Ley de Consejo Federal. Hoy, nuestras denuncias siguen vigentes ya que el único cambio que ocurrió fue que pasamos de tener un proyecto de ley inconstitucional a tener una Ley inconstitucional que además cerca a los estados y municipios.
Recordamos que parte del contenido de esta ley expresa que la finalidad del Consejo Federal es transferir las competencias y atribuciones de las entidades territoriales hacia las organizaciones de base del poder popular. Esto es inconstitucional ya que el artículo 184 de la Constitución indica que el Consejo Federal de Gobierno debe tener como finalidad la transferencia de competencias del Poder Nacional a los Estados y Municipios, es decir, del Presidente hacia los Estados y Municipios.
Aunado a esto, encontramos que la constitución también plantea que cualquier transferencia hacia las comunidades debe partir de los Estados y Municipios y no del Poder Central como dice la Ley de Consejo Federal:
Artículo 184 de la Constitución: ”La ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los Estados y los Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que éstos gestionen previa demostración de su capacidad para prestarlos”.
Con esta ley comienza el “desbaratamiento abierto” anunciado el día de ayer por Aristóbulo Isturiz, ya que se le pueden quitar las competencias a los estados e ir al estado comunal, sin necesidad de realizar una Asamblea Constituyente.
Por otro lado, quisiéramos resaltar que el artículo 7 de la recién aprobada Ley habla de la creación de “Regiones Federales de Desarrollo”, establecidas por el Presidente.
Conforme al artículo 185 de la Constitución, el Consejo Federal de gobierno es para profundizar la descentralización y la transferencia de competencias desde el Poder Central hacia los Estados y Municipios pero no para crear Regiones Federales distintas de los Estados y Municipios. Además la Constitución Nacional en su artículo 16 establece que el territorio nacional se divide en el de los Estados, el del Distrito Capital, el de las dependencias federales y el de los territorios federales, no existe una figura denominada Regiones Federales, en consecuencia el artículo 7 es inconstitucional.
Vemos con indignación cómo la Asamblea Nacional ha venido trabajando por la implantación de la geometría del poder que el pueblo rechazó en la reforma de 2007.
En cuanto a las Competencias del Consejo Federal (art. 14) claramente dejan ver que el Consejo Federal sólo propone y el Presidente es quien decide. Adicionalmente, encontramos las siguientes atribuciones para el Presidente:
• No puede reunirse el Consejo Federal si el Presidente no lo autoriza (art.15).
• En cuanto al fondo interterritorial, el mismo será creado por el Presidente (art. 22).
• La creación de las regiones Federales, y las transferencias de competencias a las comunidades y las modificaciones de la organización política territorial, le corresponde decidirlo al Presidente.
Aunado a lo anterior, la semana pasada indicamos que la AN ha establecido un cerco a las regiones durante el 2009, al aprobar un conjunto de leyes que le han quitado a Estados y Municipios competencias, recursos y poder político. Todo esto en el marco de la estrategia para lograr la destrucción de estados y municipios. (Ver láminas anexas)
Finalmente queremos destacar que lo que se ha planteado desde la AN es un centralismo asfixiante. En el mundo no existe ni un país que se haya desarrollado basado en el centralismo, y en nuestra constitución está escrito que los estados y municipios deben fortalecerse a través de la descentralización.
Estos diputados han traicionado a sus regiones y a sus electores, porque en lugar de controlar a la administración pública y velar por las necesidades del pueblo, están siendo controlados por el Presidente.
Esta ley de Consejo Federal le da el poder al Presidente en lugar de dárselo al pueblo.
Carlos Vecchio
Coordinador del Observatorio Parlamentario y
Miembro de Voluntad Popular
domingo, 13 de diciembre de 2009
Cerco a las regiones (El Universal)
Análisis
Durante 2009 la Asamblea Nacional aprobó un conjunto de leyes que revierten las conquistas de la descentralización despojando a estados y municipios de facultades y recursos. Por Oscar Medina
Lo que no se pudo lograr con la reforma constitucional rechazada por los venezolanos, este año se conquistó con la anuencia de la mayoría oficialista en el Parlamento (Cortesía Notitarde)
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Con apenas veinte años de vigencia, la descentralización en Venezuela nunca se había visto tan golpeada como ahora. Promovida como uno de los más importantes avances de la historia contemporánea, la gran conquista política que transfirió poder a las regiones y a los municipios se topa hoy con el avance de un modelo que habla un idioma distinto, uno en el que se invoca al "pueblo" en la transferencia de poder, pero en el que las últimas decisiones se toman siempre en Caracas, siempre en Miraflores.
En el lenguaje de la "revolución" la descentralización terminó convirtiéndose en alcahueta de "reyezuelos" y caudillos regionales ávidos de administrar recursos a su antojo, alzados y dispuestos a desafiar al poder central. Eso, según parece, podría terminar muy pronto, lo mismo que la separación de poderes, otra de esas "conquistas" que ahora se ponderan a la luz de intereses y valores de distinto calibre.
El Observatorio Parlamentario del Movimiento de Identidad Ciudadana, organización civil coordinada por el abogado Carlos Vecchio, ha juntado las fichas que permiten armar el cuadro de la situación actual y las conclusiones no son alentadoras. O al menos no para quienes creen en las bondades de la descentralización frente a la concentración de poderes.
"Durante este año la Asamblea Nacional ha sido utilizada para montar un cerco contra los estados y los municipios", denuncia Vecchio: "En 2008 el Gobierno utilizó las inhabilitaciones de candidatos para impedir a las regiones elegir a los de su preferencia. Y a pesar de eso, la oposición ganó espacios importantes como Carabobo, Miranda, el municipio Sucre y la Alcaldía Mayor. Así que en 2009 se aplicó una segunda fase que lo que busca es inhabilitar a los estados y municipios a través de decisiones de la Asamblea ordenadas por el Ejecutivo, retomando incluso aspectos que ya fueron rechazados en el proyecto de reforma constitucional de 2007".
En la práctica esto se traduce en la aprobación de leyes que, de acuerdo al análisis del Observatorio Parlamentario, le arrebatan a las gobernaciones y alcaldías sus competencias naturales en distintas materias, sus recursos financieros y ámbitos de acción política.
"El contenido político de las leyes sancionadas este año es lo que prevalece por encima, incluso, de lo social", asegura el abogado. En la lista incluye a la Ley de Descentralización, la Ley del Consejo Federal, la Ley de los Consejos Comunales, la Ley de Presupuesto 2010, la Ley Derogatoria de la Ley para la Designación y Destitución del Contralor o Contralora del Estado, la Ley Especial sobre Organización y Régimen del Distrito Capital, la Ley de Régimen Municipal de Dos Niveles, la Ley Especial de Transferencia de los Recursos y Bienes Administrados Transitoriamente por el Distrito Metropolitano, la Ley de Presupuesto del Distrito Capital para el Ejercicio Fiscal 2009 y la Ley de Procesos Electorales.
Tomo todo El 17 de marzo los gobernadores encontraron en la GACETA OFICIAL número 367.984 las reformas a la normativa que concretaron uno de los más grandes arrebatones en materia de competencia de las regiones: la administración de puertos y aeropuertos y de las carreteras y autopistas.
"Eso viola el artículo 164 de la Constitución Nacional", advierte Vecchio. En efecto, el ordinal 10 establece que la administración de puertos, aeropuertos y autopistas es "de la competencia exclusiva de los estados".
Esa GACETA incluye, por supuesto, la reforma parcial a la Ley de Descentralización que, para no dejar lugar a dudas, cambió el texto del cuerpo normativo en su artículo 11 en el que se transfirió a los estados "la competencia exclusiva" de, entre otras cosas, la administración de carreteras y autopistas y de puertos y aeropuertos, de acuerdo a sus ordinales 3 y 5.
Veinte años más tarde, la mayoría oficialista del Parlamento aprobó un cambio sustancial: el artículo 11 pasó a ser 13 y se suprimieron los ordinales 3 y 5. Es decir, eso ya no es asunto de los gobiernos locales.
Y se incluyó, además, un nuevo artículo -el 8- que deja asentado que el Poder Ejecutivo podrá revertir "por razones estratégicas, de mérito, oportunidad o conveniencia, la transferencia de las competencias conferidas a los estados, para la conservación, administración y aprovechamiento de los bienes y servicios considerados de interés público general".
Para Vecchio "ese fue el primer zarpazo a los estados", una intención que ya era manifiesta en la propuesta presidencial de reforma a la Constitución que fue rechazada por el voto popular: "El artículo 164 de la reforma eliminaba el ordinal 10 de la Constitución vigente. No pudieron hacerlo por esa vía y entonces se buscaron a los diputados".
Lo mismo aplica en el tema de las vías terrestres: "Viola el artículo 164 de la Constitución y también fue algo que intentaron hacer a través de la reforma".
El artículo 185 de la Constitución garantiza el desarrollo de la descentralización y la "transferencia de competencias del Poder Nacional a los estados y municipios" a través de lo que se denomina el Consejo Federal de Gobierno. Pero le han dado otro giro a ese mandato. Y la Ley del Consejo Federal, aprobada en primera discusión, es el mejor ejemplo.
Su artículo 2 dice así: "El Consejo Federal de Gobierno establecerá los lineamientos que orientarán los procesos de planificación y coordinación en la ordenación territorial y de transferencia de las competencias y atribuciones de las entidades territoriales, hacia las organizaciones de base del poder popular".
¿Cuál es el problema? Tanto en su artículo 1 como en el 2, el abogado Carlos Vecchio encuentra que el Gobierno central se salta el recorrido de la transferencia de poderes, es decir, de la descentralización: "La Constitución establece que el Gobierno nacional debe transferir competencias a regiones y municipios. Y, en todo caso, serán las regiones y municipios las que transfieran a su vez a las organizaciones populares. Pero aquí no solo no se garantiza que el Gobierno nacional transfiera a los estados, sino que en su artículo 14 deja todo en manos del presidente de la República".
De acuerdo a esta interpretación del texto que debería resultar aprobado de manera definitiva antes de finalizar el período parlamentario 2009, el Consejo Federal se encargará de proponer al Presidente "las transferencias de competencias y servicios a los Poderes Públicos Territoriales y a las Organizaciones de Base del Poder Popular". Y proponer, se sabe, no es lo mismo que decidir.
En materia de recursos los estados y municipios resultan afectados por la misma ley: la de presupuesto de 2010. "Se estima el barril de petróleo en 40 dólares, cuando en realidad promedia 70 dólares", explica Vecchio: "Esto viola el artículo 167 de la Constitución que establece el situado constitucional y los artículos 157 y 158 que garantizan la descentralización".
Es cosa elemental: el situado se establece a partir de los ingresos ordinarios, de modo que cualquier monto por encima de esos 40 dólares por barril se considera "extra" y no cuenta en el cálculo de lo correspondiente a las regiones.
En el caso de los municipios otro factor entró en juego. La Asamblea modificó el acuerdo de las empresas mixtas petroleras el 28 de septiembre y decidió que las regalías de 3,33 por ciento que cancelan al fisco se repartirán de otra manera: 1,11 para los municipios y 2,22 para el llamado Fondo Especial para el Poder Popular que será administrado directamente por Hugo Chávez. "Hasta entonces el mayor porcentaje iba para los municipios", aclara Vecchio.
El accionar político de los gobiernos regionales y municipales también resulta tocado por las decisiones tomadas en la Asamblea. De acuerdo al coordinador del Observatorio Parlamentario, afecta la creación de las llamadas Regiones Federales de Desarrollo incluidas en la Ley del Consejo Federal que está a punto de aprobarse.
"Aún ni se sabe qué son esas regiones federales, pero sí sabemos gracias al artículo 7 de la Ley que las creará el Presidente", señala Vecchio: "Eso apunta a lo mismo que la 'geometría del poder' que trata de unir estados y zonas del país para nombrar autoridades a dedo, algo que ya fue rechazado en 2007 cuando no se aprobó la reforma constitucional". Y viola, explica, los artículos 16 y 136 de la Constitución referidos a la división política del territorio nacional y a la distribución del Poder Público.
La Asamblea también sancionó una ley para derogar la ley que establecía la designación de los contralores -GACETA 39.217, del 9 de julio- acabando con la autonomía de las contralorías regionales que eran nombradas por el Legislativo local: "La designación de estos funcionarios ahora es potestad del poder central", señala Vecchio: "Eso viola el artículo 163 de la Constitución".
A esto se suma la muy debatida Ley Orgánica de Procesos Electorales, publicada en laGACETA OFICIAL Extraordinaria número 5.928, del 12 de agosto que, entre otras cosas y de acuerdo al análisis, acaba con el pluralismo político en la Asamblea alterando el principio de representación proporcional, conceptos consagrados en los artículos 2, 63 y 186 de la Constitución.
Los municipios también recibieron lo suyo en este sentido con la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal que pospuso para 2010 las elecciones de concejales y de miembros de juntas parroquiales que debían realizarse en el segundo semestre de este año. "Con esto violaron los artículos 6, 63 y 168 de la Constitución. Pero además esas elecciones ni siquiera están en el cronograma para 2010".
Tomas Horacio Hernández // Ciudadanos con Voluntad (El Universal)
Regálame una semilla de esperanza y te devuelvo un sueño de país. Con esa fuerza y con esas ganas salí del Forum de Valencia el 5 de diciembre después de haber sido testigo del nacimiento de un movimiento que tiene cabida para todos los venezolanos, sin importar el color de tu camisa o de tu tendencia ideológica. Un movimiento que pretende devolverle la ética a la política y defender los derechos de los ciudadanos. Ese movimiento que hizo historia el 5 de diciembre se conocerá de ahora en adelante en Venezuela como Voluntad Popular.
La cola para entrar al Forum era de cientos de personas, vestidas en su mayoría con una franela que tenia la palabra Activista escrita en su dorsal. Escuchar a diez mil personas corear el nombre de Venezuela y sobreponerse a la coyuntura era escalofriante. Vi carteles de 20 Estados del país, pancartas que demostraban el sentido de pertenencia de las personas y se percibía una emoción en el ambiente indescriptible. Una tarima inmensa con un pendón a su lado que decía: Hoy hacemos historia, resumía en pocas palabras la trascendencia del evento.
Freddy Guevara hizo un recuento y un análisis sobre el nacimiento de Voluntad Popular. Carlos Vecchio le dio contenido a su discurso al hablar de la importancia de cosechar valores en la política y al afirmar que al igual que la Batalla de Carabobo, hoy se concretaba en Valencia esta gran iniciativa con una fuerza incalculable. Seguidamente hubo varios discursos de distintos líderes sociales que le daban dirección y sentido al evento fundacional. El acto cerró con el discurso de Leopoldo López que habló sobre los espacios que ofrecía Voluntad Popular para sumarse como activista y del trabajo que se había realizado en los últimos nueve meses.
Me sorprendió que a pesar de ver a tantos jóvenes en la tarima ninguno tomara la palabra. Los chamos son fundamentales para Voluntad, su discurso fresco permite que muchos jóvenes se identifiquen rápidos y más fáciles con el movimiento. Con todo el respeto a los más experimentados, la presencia de los chamos en primera fila y en la toma de decisiones es justamente el carácter diferenciador de este movimiento. Sin embargo estoy seguro que a pesar de que no intervinieron formalmente en el acto su trabajo en Voluntad es invalorable y que tendremos en el futuro discursos de estos chamo para rato.
El hecho de ver a tantas personas motivadas e identificadas con la misma idea te convence que este movimiento está bien lejos de ser personalista. Te ratifica que no estás solo en la lucha por un mejor país. Te recuerda que la política es fascinante y que es necesario que cada quien aporte un grano de arena. Te promueve a pensar a largo plazo por el país que mereces.
Salí del Forum sabiendo que pertenezco a un gran equipo, que en su primer día de existencia cuenta con diez mil venezolanos que se identifican con él. Salí convencido que mi futuro no está en irme del país, sino más bien en quedarme para tratar de ayudar al mío. Entré con una semilla de esperanza y me fui con un sueño de país.
Tomashernandezr@gmail.com
Twitter: @tomashernandezr
lunes, 7 de diciembre de 2009
Sospechosos habituales (Tal Cual)
Cada vez que la oposición busca concertar y crear candidaturas unitarias, el contralor Clodosbaldo Russián recuerda su poder de veto. Y saca su lista.
Esa es la justificación que encuentra Carlos Vecchio, dirigente de Vanguardia Popular, a que uno de los cabecillas del Poder Ciudadano haya avisado que el 20 de diciembre sacará de la arena política a 150 líderes.
"Las inhabilitaciones son ilegales. Para inhabilitar tiene que haber sentencia firme de un tribunal penal, el Tribunal Supremo de Justicia, como establece el artículo 42 de la Constitución. Y esa es una condición que no se cumple en estos casos", indicó el portavoz de VP.
"Es una herramienta usada de manera política para quitar del camino a los candidatos que han tenido o tienen mayor opción de victoria, igual que en el pasado. Pareciera repetirse la película. Es importante que el contralor tenga en cuenta que la voluntad popular se impuso en Caracas, Miranda, Táchira, Maracaibo pese a las inhabilitaciones. Pero el chavismo, de alguna manera, está escogiendo con quiénes se quiere medir en una elección de 2010".
VP desconoce si alguno de sus integrantes figura en la lista y ya se preocupara por una respuesta legal si se presenta el escenario.
Considera, eso sí, que el objetivo a mediano plazo debe ser la victoria mayoritaria en los comicios parlamentarios de 2010 para modificar leyes como la de Contraloría "porque permite a Russián tomar decisiones inconstitucionales, por encima de los dictámenes del TSJ y de la Constitución".
Juan José Molina (Podemos) considera que el anuncio de inhabilitación es un primer paso en la estrategia electoral del gobierno y "Russián se presta a ese proceso que vamos a rechazar por inconstitucional". Descartan que algún miembro de su fracción parlamentaria sea sujeto de una sanción del contralor "porque no tienen procedimientos abiertos".
Aseguró el asambleísta caraqueño que "le tiene una cartica guardada a Russián para recordarle que hay funcionarios públicos activos con elementos de prueba emanados de la propia Fiscalía, a los cuales no se les ha abierto procedimiento alguno o se les ha engavetado". Wilmer Azuaje, diputado del Frente Humanista y ex emeverrista, tilda la movida como un ejercicio terrorista y de amedrentamiento. No teme ser señalado por Russián "porque no ha manejado presupuestos públicos".
¿Otra lista Tascón?
Patria para Todos se muestra cauto ante el aviso del próximo 20 y asegura que no se permitirá solidaridades automáticas en caso de que uno de sus militantes, "auditables todos", resulta vetado políticamente.
El diputado Wilmer Iglesias espera, como el ex emeverrista Luis Tascón, que los anuncios están ajustados a derecho y que no sean susceptibles de ser interpretados como retaliación política.
El legislador tachirense resta crédito a los paralelismos que han establecido voceros opositores entre la lista Tascón y la lista de Russián: "Yo no ordené perseguir a nadie. Quien haya ordenado publicar esa lista o dado esa orden, que asuma su responsabilidad. La misma responsabilidad la tienen Globovisión, El Universal y Súmate. Es incomparable con este caso".
jueves, 3 de diciembre de 2009
“Cerco político a las regiones intenta el Ejecutivo” (El Carbobeño)
| “Cerco político a las regiones intenta el Ejecutivo” |
| “El Ejecutivo Nacional trata de inhabilitar a los estados y municipios, utilizando a la Asamblea Nacional y las leyes de Descentralización y Consejo Federal de Gobierno para cercar a las gobernaciones y alcaldías”. Así lo manifestó Carlos Vecchio, del Movimiento de Identidad Ciudadana (MIC). El Observatorio Parlamentario del MIC realizó un balance sobre cómo la Asamblea Nacional ha cercado a los estados y municipios con las leyes promulgadas en 2009. Este informe presenta a la Ley de Descentralización como limitante para los estados, la Ley de Consejo Federal como obstáculo para los municipios, y la Ley Especial del Distrito Capital como “golpe” a las competencias y recursos de la Alcaldía Metropolitana. En rueda de prensa junto al dirigente juvenil David Smolansky, el abogado Vecchio aseguró que estas leyes violan la Constitución y se están “metiendo por contrabando”, pues “muchos de estos artículos fueron rechazados en la reforma constitucional de hace dos años y ahora se están aprobando por otras vías”. Dijo además que se ha planteado un “centralismo asfixiante”, pero “en la Constitución está escrito que los estados y municipios deben fortalecerse a través de la descentralización”. En cuanto a la Ley del Consejo Federal detalló que se les está haciendo un “cerco político” a los estados y municipios al momento de crear regiones federales de desarrollo, “con la intención de que el presidente Hugo Chávez pueda controlar las regiones”. -La Ley sobre el Presupuesto Nacional 2010 también viola la Carta Magna en su artículo 164 -dijo. Allí se establece el ingreso del situado, mientras que los artículos 157 y 158 garantizan la descentralización. “La administración de los puertos y aeropuertos sentenciada por la Ley de Descentralización viola el artículo 164, que indica que esto es competencia exclusiva de los estados”, dijo Vecchio. (DA) |
Acusan al Gobierno de vulnerar voluntad popular con leyes inconstitucionales
Carlos Vecchio, coordinador del Observatorio Parlamentario, no descarta que el Gobierno apruebe más leyes antes de las elecciones parlamentarias, donde podría perder el control absoluto de la AN | |||||||||||
| 02 de diciembre 2009 | 01:37 pm - Carla Navarro | |||||||||||
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El Observatorio Parlamentario denunció que el Gobierno utiliza la Asamblea Nacional para "inhabilitar" a los estados y municipios donde la oposición mantiene el poder. Carlos Vecchio, coordinador de la organización, presentó un balance sobre las leyes que el Parlamento aprobó en 2009 para "vulnerar" la voluntad popular. Adelantó que se pretende destruir a los estados y municipios al quitarles recursos, competencias y poder político. No descartó que el Gobierno apruebe más leyes antes de las elecciones parlamentarias, donde podría perder el control absoluto de la AN. "El Ejecutivo inhabilitó en 2008 a candidatos opositores con oportunidad y el pueblo respondió en las urnas electorales. Ahora, como perdió espacios importantes, se vio obligado a elaborar leyes para quitar a las gobernaciones y alcaldías sus competencias, recursos y ámbitos de acción política", sostuvo. Alertó sobre tres leyes que, a su juicio, pretenden violentar el derecho de los ciudadanos a elegir a sus gobernantes. Vecchio explicó que la Ley de Descentralización limita el desarrollo de los estados al controlar la administración de los puertos, aeropuertos y carreteras nacionales, dijo que el artículo 164 de la Constitución establece que son competencia exclusiva de los estados. "El porcentaje más alto de regalía es 2.2% y esto va dirigido al poder central en lugar de dárselo a los municipios que sólo reciben 1.1%. Esto se estableció en el acuerdo de regalías de empresas mixtas petroleras", dijo. El abogado señaló que en el caso de la Ley del Consejo Federal, ésta actúa como un obstáculo para el desarrollo de los municipios. Criticó que se pretenda eliminar cualquier competencia que decida el Presidente, dijo que esto vulnera la autonomía municipal establecida en los artículos 168 y 184 de la Carta Magna. En último lugar, Vecchio sostuvo que la Ley Especial del Distrito Capital es un "golpe" para las competencias y recursos de la Alcaldía Mayor. "Se plantea un centralismo asfixiante. En el mundo no existe un país que se haya desarrollado a punta de centralismo. Los diputados han traicionado a sus regiones, a sus electores, porque en lugar de controlar a la administración pública y velar por las necesidades del pueblo, están siendo controlados por el Presidente. No hay respeto por la democracia participativa y protagónica que tanto se prometió", dijo. Consideró que el presupuesto nacional 2010 es la demostración más clara de la intención gubernamental de acabar con la independencia y señaló que se están aprobando leyes inconstitucionales. |
Regiones les importan un bledo (Tal Cual)
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Acusan a la Asamblea de inhabilitar a estados y alcaldías (El Universal)
Observatorio Parlamentario cuestionó leyes aprobadas en 2009
La Asamblea Nacional ha dedicado buena parte de su gestión correspondiente a 2009 a "inhabilitar" a los estados y alcaldías del país por medio de leyes que les han arrebatado recursos y competencias.
La denuncia la formuló el Carlos Vecchio, miembro del Observatorio Parlamentario del Movimiento de Identidad Ciudadana, instancia que ayer presentó un balance sobre el trabajo del Legislativo.
En el balance se asegura que la reforma de la Ley Orgánica de Descentralización y Transferencia de Competencias, la cual permitió que el Ejecutivo nacional reasumiera la gestión de los aeropuertos, puertos y carreteras en manos de las gobernaciones, es una "limitante" para los estados.
De la misma manera se fustiga la aprobación de la Ley Especial del Régimen del Distrito Capital, la cual vació de competencias y fondos a la Alcaldía Metropolitana de Caracas; y se afirma que el diferimiento de las elecciones de concejales y miembros de juntas parroquiales demuestran el desprecio del Parlamento nacional hacia las instancias locales de decisión.
"Lo que se ha planteado es un centralismo asfixiante. En el mundo no existe ni un país que se haya desarrollado a punta de centralismo. En la Constitución está escrito que los estados y municipios deben fortalecerse a través de la descentralización (...) Estos diputados han traicionado a sus regiones, a sus electores, porque en lugar de controlar a la administración pública y velar por las necesidades del pueblo, están siendo controlados por el Presidente (...) dar el poder al Presidente en lugar de dárselo a los estados que representan es una burla al pueblo", concluyó Vecchio.
Por su parte el dirigente estudiantil David Smolansky criticó la Ley de Presupuesto de 2010 por considerar que atenta también contra la descentralización al recortarle recursos a las regiones.
"Ayer, los que estuvimos en la marcha presenciamos como el pueblo de Miranda se movilizó para exigirle un presupuesto justo a la AN. ¿Y ésta que hizo? Los recibió a patadas. Esto es una burla para el pueblo venezolano ya que la AN se debe a ellos y las exigencias que se hacían eran justas y en beneficio de todos puesto que la reducción del presupuesto afecta a todos", dijo.
miércoles, 2 de diciembre de 2009
La AN inhabilita a estados y municipios
El Observatorio Parlamentario del Movimiento de Identidad Ciudadana (MIC) presentó un balance sobre cómo la AN ha cercado a los estados y municipios con las leyes promulgadas en el 2009.
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